El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca resolvió un medio de control de cumplimiento presentado por una entidad bancaria contra el Ministerio de Transporte, con el objetivo de que se ordenara el cumplimiento estricto de los artículos 1 y 82 de la Ley 1676 de 2013 y el Decreto 1835 de 2015, así como de la circular 20184000206231 de 2018, referentes a los requisitos para el traspaso de vehículos inmovilizados por ejecución de garantía mobiliaria.

Antecedentes y pretensiones

La entidad accionante otorgaba créditos para la compra de vehículos tipo taxi, utilizando garantías mobiliarias inscritas en el registro correspondiente. En caso de incumplimiento, el acreedor podía ejecutar la garantía mediante pago directo, procedimiento regulado en la Ley 1676 de 2013 y su reglamentación. Sin embargo, algunos organismos de tránsito habrían negado el traspaso de vehículos alegando requisitos adicionales no contemplados en la ley ni en la circular mencionada. Por ello, se solicitó al Tribunal que se ordenara al Ministerio de Transporte exigir únicamente los requisitos establecidos legalmente para el traspaso y que se implementara el mecanismo en el sistema RUNT sin requisitos adicionales.

Defensa del Ministerio de Transporte

El Ministerio respondió que la competencia para realizar los trámites de traspaso recae en los organismos de tránsito territoriales, quienes tienen autonomía en la ejecución de las políticas formuladas por el Ministerio. Por tanto, no existe un mandato legal imperativo que obligue al Ministerio a realizar directamente dichos trámites.

Análisis y decisión del Tribunal

El Tribunal recordó que el medio de control de cumplimiento procede solo cuando exista un mandato claro, imperativo y directo a cargo de una autoridad determinada. En este caso, no se encontró disposición que imponga al Ministerio de Transporte la obligación de realizar el traspaso de vehículos en ejecución de garantía mobiliaria. Además, la Ley 769 de 2002 y demás normatividad vigente establecen que la competencia corresponde a los organismos de tránsito municipales y distritales. Asimismo, la Ley 1005 de 2006 señala que estos organismos son responsables de la inscripción en el sistema RUNT. Por estas razones, el Tribunal declaró improcedente la acción, al no demostrarse un mandato perentorio y claro para la entidad demandada. También se abstuvo de imponer costas, dado que se trata de un asunto de interés público.

Implicaciones prácticas

Esta decisión reafirma la distribución competencial en materia de tránsito y transporte, precisando que el Ministerio de Transporte formula políticas, pero la ejecución administrativa corresponde a las autoridades territoriales. En consecuencia, para efectos de traspaso de vehículos por ejecución de garantías mobiliarias, los interesados deben acudir a los organismos de tránsito competentes, quienes aplican los requisitos legales y reglamentarios vigentes. Esta sentencia aclara que no es procedente exigir al Ministerio de Transporte la implementación o ajuste del sistema RUNT para este trámite, ya que tal función recae en los organismos de tránsito. De esta manera, se evita la imposición de obligaciones a entidades sin competencia directa, garantizando el respeto al marco normativo aplicable y la seguridad jurídica en la transferencia de vehículos afectos a garantías mobiliarias. En conclusión, el fallo establece un precedente importante sobre la distribución de competencias en materia de tránsito, y subraya la importancia de que las entidades bancarias y usuarios conozcan a qué autoridades deben dirigirse para la ejecución y formalización de garantías mobiliarias sobre vehículos, promoviendo así una mejor gestión y cumplimiento de las normativas vigentes.