Contexto y emisión de la resolución

La Resolución 202451006793836 fue expedida por el Director General de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) el 28 de diciembre de 2024, y publicada en el Diario Oficial No. 53.118 el 15 de mayo de 2025. Esta entidad, creada por el Decreto Ley 2363 de 2015 como máxima autoridad en tierras de la Nación, asumió las funciones del desaparecido INCORA e INCODER en materia de ordenamiento social de la propiedad rural y protección de tierras colectivas. La resolución tiene por objeto adjudicar en calidad de "Tierras de las Comunidades Negras" un conjunto de seis predios baldíos ubicados en las veredas El Bosque, San Luis y Caña Brava, en el municipio de Puerto Asís, departamento del Putumayo. La extensión total de los terrenos adjudicados suma 14 hectáreas más 1.674 metros cuadrados, excluyendo la franja paralela a los cuerpos de agua, que se considera bien público.

Destinatarios y relevancia del territorio

El principal destinatario de esta resolución es el Consejo Comunitario Afro Yarinal, organización que representa a una comunidad afrocolombiana conformada por 36 familias y 69 personas en total. Esta comunidad reclama un territorio que ha sido habitado y utilizado históricamente para prácticas culturales, productivas y de conservación. La adjudicación busca fortalecer su derecho colectivo sobre la tierra, asegurando la protección de su identidad cultural y su modo de vida tradicional. Este reconocimiento es crucial para garantizar la autonomía territorial, la gobernabilidad y la protección de los recursos naturales renovables que sustentan la vida de la comunidad. Además, la resolución contribuye a la reparación histórica y a la garantía de derechos de los pueblos afrodescendientes, conforme a la Constitución Política, la Ley 70 de 1993 y el Convenio 169 de la OIT.

Procedimiento y fundamentos legales

El proceso inició con la solicitud de titulación colectiva presentada ante la ANT en 2022, tras la consolidación formal del Consejo Comunitario Afro Yarinal. La entidad verificó el cumplimiento de los requisitos legales y abrió el expediente administrativo correspondiente en octubre de 2023. Durante 2024 se realizaron diversas etapas administrativas, incluyendo visitas técnicas al territorio, censos poblacionales, elaboración de informes socioculturales y agroambientales, así como la publicación y notificación de la solicitud para garantizar la participación ciudadana y la transparencia. La base legal que fundamenta la decisión incluye la Ley 70 de 1993, que reconoce el derecho a la propiedad colectiva de las comunidades negras sobre tierras baldías rurales y ribereñas; el Decreto 1066 de 2015, que reglamenta el procedimiento de titulación colectiva; y el Decreto Ley 2363 de 2015, que creó la ANT y estableció sus competencias. Asimismo, se consideraron principios constitucionales sobre la función social y ecológica de la propiedad, y los compromisos internacionales adquiridos por Colombia, especialmente el Convenio 169 de la OIT.

Principales decisiones y regulaciones de la resolución

La resolución adjudica formalmente el título de propiedad colectiva al Consejo Comunitario Afro Yarinal sobre seis predios baldíos, detallados con precisión catastral y topográfica, excluyendo la franja de hasta 30 metros paralela a cuerpos de agua, que permanece como bien público. Se establecen obligaciones específicas para la comunidad titular, tales como: - Cumplir con la función social y ecológica de la tierra, protegiendo el ambiente y los recursos naturales renovables. - Mantener la cobertura boscosa en áreas protectoras, especialmente en rondas hídricas y zonas de conservación ambiental. - Administrar el territorio mediante la Junta del Consejo Comunitario, garantizando equidad y sostenibilidad en el uso y asignación de las tierras. - Respetar las restricciones legales sobre áreas inadjudicables, como predios privados, zonas urbanas, resguardos indígenas, subsuelo, parques nacionales y bienes de uso público. - Abstenerse de permitir ocupaciones de mala fe por parte de terceros ajenos a la comunidad, sin que estos tengan derecho a reclamar título o compensación. Además, la resolución ordena la inscripción del título colectivo en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos competente, otorgando plena seguridad jurídica a la comunidad.

Impacto potencial y relevancia social

Esta adjudicación representa un avance significativo para la comunidad afrodescendiente del Consejo Comunitario Afro Yarinal, otorgándole un reconocimiento legal explícito sobre su territorio ancestral. Esto fortalece su autonomía, protección cultural y medioambiental, y brinda seguridad jurídica para la continuidad de sus prácticas tradicionales y su desarrollo sostenible. El acto contribuye también a la implementación de políticas públicas dirigidas a la reparación y garantía de derechos de comunidades históricamente vulnerables, en línea con los mandatos constitucionales y la legislación agraria y étnica vigente. Además, la resolución establece un modelo de gestión territorial colectiva que puede servir de referencia para otros procesos similares en Colombia, promoviendo la equidad, la justicia social y la conservación ambiental en territorios de comunidades negras.

Modificaciones y vigencia

La resolución no modifica ni revoca ninguna normativa previa, sino que es la culminación de un procedimiento administrativo regulado por la legislación vigente. Su entrada en vigencia se produce a partir de su publicación en el Diario Oficial. Se establece un plazo de diez (10) días hábiles para interponer recurso de reposición ante el Director General de la ANT, conforme a la Ley 1437 de 2011.

Conclusión

La Resolución 202451006793836 de la Agencia Nacional de Tierras es un hito en la titulación colectiva de tierras para comunidades negras en Colombia. Reconoce y protege un territorio específico en Putumayo, reafirmando los derechos étnico-territoriales y promoviendo la gestión sostenible y autónoma de sus recursos. Este acto administrativo es fundamental para la justicia social, la conservación ambiental y el fortalecimiento cultural de una comunidad afrocolombiana históricamente marginada. El seguimiento y cumplimiento de las obligaciones ambientales y administrativas establecidas serán clave para garantizar los beneficios de esta adjudicación a largo plazo, en beneficio de las actuales y futuras generaciones de la comunidad. [Consulta la Resolución completa aquí](https://www.diariooficial.gov.co/resolucion-202451006793836) (enlace referencial).