Contexto del caso y decisiones previas

El caso se origina por una masacre ocurrida en 1997 en un corregimiento del municipio de Ovejas, Sucre, que generó desplazamiento forzado de sus habitantes. Varias personas afectadas presentaron demanda de reparación directa contra diversas entidades estatales, pero tanto el Juzgado Primero Administrativo de Sincelejo como el Tribunal Administrativo de Sucre emitieron sentencias que negaron sus pretensiones, declararon excepciones procesales como caducidad y falta de legitimación en la causa por activa, fundamentándose en la insuficiencia de pruebas para acreditar la condición de víctimas desplazadas. Ante ello, se presentó una acción de tutela solicitando la protección del derecho fundamental al debido proceso, argumentando defectos fácticos en la valoración probatoria y desconocimiento del precedente constitucional que flexibiliza los estándares probatorios para víctimas de desplazamiento forzado. La tutela fue inicialmente admitida para un grupo determinado de demandantes, y la Sala Plena del Consejo de Estado asumió competencia para su conocimiento.

Análisis de la Sala sobre la procedencia y mérito de la tutela

La Sala recordó los requisitos especiales y excepcionales para la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, tales como la inmediatez, relevancia constitucional y que no se trate de una instancia adicional ni búsqueda de reabrir debates ya definidos. En este caso, se concluyó que la acción cumple con dichos requisitos al evidenciar una presunta vulneración al derecho al debido proceso relacionada con la valoración de pruebas en un contexto de especial protección constitucional. Respecto al defecto fáctico, la Sala identificó que el Tribunal Administrativo de Sucre realizó una valoración irracional y arbitraria de la prueba aportada, especialmente en la desestimación del Registro Único de Víctimas (RUV) como prueba suficiente para acreditar la condición de víctimas de desplazamiento forzado. Además, se ignoraron los certificados del SISBEN y otros indicios que debieron ser considerados bajo un estándar probatorio flexibilizado, conforme a la jurisprudencia constitucional aplicable a sujetos en situación de vulnerabilidad. La Sala también encontró que el tribunal desconoció el precedente establecido por la Corte Constitucional en sentencia T-117 de 2022, que establece la obligación de flexibilizar la carga probatoria y decretar pruebas de oficio en casos relacionados con víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado. En consecuencia, la exigencia probatoria rígida del tribunal implicó una violación al derecho al debido proceso de los afectados.

Decisión y orden judicial

En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado: - Negó la petición de falta de legitimación en la causa por pasiva de una entidad vinculada como tercero con interés. - Declaró improcedente el cargo relacionado con la omisión de incorporación de la copia de la resolución administrativa de inclusión como desplazados, dada la falta de alegación oportuna en el proceso ordinario. - Amparó el derecho al debido proceso de la parte actora por la configuración de defecto fáctico y desconocimiento de precedentes constitucionales. - Dejó sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Sucre del 14 de noviembre de 2024 y ordenó que dentro de los 30 días hábiles siguientes a la notificación, se profiera una nueva sentencia de reemplazo que valore integralmente las pruebas conforme a los estándares jurisprudenciales constitucionales, decretando de oficio las pruebas necesarias. - Estableció que, en caso de no ser impugnada, la providencia será remitida a la Corte Constitucional para revisión eventual. Esta decisión reafirma la importancia de aplicar un estándar probatorio adecuado y flexible en procesos judiciales que involucran a víctimas de desplazamiento forzado, garantizando el respeto al derecho al debido proceso y acceso a la justicia en situaciones de especial protección constitucional. De esta manera, se avanza en la protección efectiva de los derechos de las víctimas y en la consolidación de una justicia más accesible y sensible a las realidades de quienes han sufrido el conflicto armado y sus consecuencias.