El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) promovió una acción de tutela para amparar sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y a la seguridad jurídica, presuntamente vulnerados por la sentencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que revocó parcialmente una decisión anterior. La tutela fue declarada improcedente por no superar el requisito de subsidiariedad, dado que los reproches deberían haberse planteado en instancias procesales previas.

Aclaración de voto en el Consejo de Estado

Sin embargo, en la aclaración de voto, un magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado manifestó su desacuerdo con la interpretación mayoritaria respecto a que la entidad demandante contaba con medios de defensa adecuados para presentar sus reclamos en el proceso ordinario. Señaló que ciertos actos procesales, como la falta de contestación de la demanda y la ausencia de pronunciamiento sobre el recurso de apelación y la prueba decretada de oficio, no constituyen medios idóneos para controvertir decisiones judiciales o afectar la legalidad del proceso.

Valoración sobre la relevancia constitucional

Además, el magistrado explicó que la controversia principal del ICBF se relacionaba con la prueba sobre semanas cotizadas para pensión, la cual fue decretada de oficio y frente a la cual no procedía recurso alguno según la legislación vigente. Por tanto, consideró que la improcedencia de la tutela debería haberse basado en la falta de relevancia constitucional, ya que el asunto ya había sido resuelto previamente y la acción de tutela no debía funcionar como una instancia adicional. En conclusión, el fallo mayoritario fue apoyado en cuanto a...