El Consejo de Estado, a través de su Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, admitió la demanda de nulidad electoral interpuesta contra el acto de elección del gobernador del departamento del Putumayo para lo que resta del periodo constitucional 2024-2027. La demanda fue presentada en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 139 de la Ley 1437 de 2011.

Antecedentes y fundamento de la demanda

La demanda se originó tras las elecciones atípicas realizadas en febrero de 2025 para designar al gobernador del Putumayo, debido a la falta absoluta del titular anterior. El demandante argumenta que el elegido se encuentra incurso en causal de inhabilidad prevista en el numeral 6 del artículo 111 de la Ley 2200 de 2022, por tener parentesco en segundo grado de consanguinidad con una funcionaria de nivel nacional del Ministerio de Educación Nacional, quien ejerce autoridad política y administrativa en todo el territorio nacional, incluido el departamento del Putumayo. El demandante sostiene que dicha funcionaria ocupó cargos que implican ejercicio de autoridad civil, política y administrativa dentro del periodo inhabilitante de doce meses previos a la elección, lo cual afectaría la validez del acto electoral.

Revisión de requisitos formales y competencia

El Consejo de Estado verificó el cumplimiento de los requisitos legales para la admisión de la demanda, tales como la presentación dentro del término legal de 30 días, la precisión en la individualización de las partes, la claridad en la pretensión y los fundamentos de derecho, y el envío adecuado de notificaciones. Asimismo, se confirmó la competencia de la Sección Quinta para conocer y tramitar en única instancia este proceso de nulidad electoral, conforme a lo establecido en la Ley 1437 de 2011 y el Acuerdo 080 de 2019.

Implicaciones y próximos pasos

Con la admisión de la demanda, el Consejo de Estado ordenó notificar al gobernador electo, al Consejo Nacional Electoral, a la Registraduría Nacional del Estado Civil y al Ministerio Público. Además, se informó a la comunidad sobre el proceso a través de la página web oficial del Consejo de Estado. También se requirió a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que intervenga en el proceso si lo considera pertinente, y se instruyó al Consejo Nacional Electoral a allegar los antecedentes del acto electoral cuestionado. Este procedimiento judicial podría tener impacto en la estabilidad del gobierno departamental del Putumayo, dependiendo de la resolución final sobre la supuesta inhabilidad del gobernador electo. En síntesis, el Consejo de Estado garantiza el cumplimiento de los principios legales en materia electoral y la correcta interpretación de las causales de nulidad previstas en la ley, asegurando la transparencia y legitimidad de los procesos democráticos. Por ahora, el proceso continúa su curso y se espera que en las próximas semanas se emita una decisión definitiva que determinará la validez o nulidad del acto electoral impugnado.