La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado resolvió sobre la solicitud de aclaración presentada en relación con la sentencia emitida en segunda instancia el 6 de febrero de 2025. Dicha sentencia se refiere al ejercicio del medio de control para la protección de derechos e intereses colectivos vinculados a la seguridad, salubridad pública y acceso eficiente a servicios públicos en el municipio de Villa del Rosario.

Antecedentes y órdenes de la sentencia

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander amparó los derechos colectivos afectados y dispuso varias medidas, entre ellas: - La finalización de la intervención administrativa en la empresa prestadora de servicios públicos y la entrega efectiva de la misma a la alcaldía municipal. - La obligación del municipio y la empresa responsable de adoptar acciones para solucionar la deficiencia en la infraestructura de distribución de agua potable y alcantarillado, buscando cobertura nominal del 100% y suministro continuo las 24 horas. - La suspensión de otorgamiento de nuevas licencias de urbanización y construcción de vivienda urbana hasta que se demuestre la capacidad suficiente de la infraestructura. - La prohibición a la empresa prestadora de expedir certificaciones de viabilidad y disponibilidad inmediata de servicios públicos en el municipio sin contar con la infraestructura adecuada. - La priorización por parte del Ministerio de Vivienda de los proyectos relacionados con los servicios públicos de agua potable y alcantarillado en Villa del Rosario. Se conformó un Comité de vigilancia para el seguimiento del cumplimiento de la sentencia, integrado por las entidades involucradas y actores populares, coordinado por un delegado del Ministerio Público.

Solicitud de aclaración y análisis de la Sala

La solicitud de aclaración fue presentada dentro del término legal y planteó dudas sobre aspectos como: - El rol de la Superintendencia de Servicios Públicos en el Comité de Verificación tras ser eximida de responsabilidad directa. - La precisión respecto a la priorización de recursos del Sistema General de Participaciones por parte del municipio. - El alcance de la expresión “infraestructura suficiente” en las órdenes impartidas a la empresa prestadora y la municipalidad. - El alcance de la abstención para expedir licencias de urbanización y construcción. - Los criterios orientadores para que el Comité pueda ampliar los plazos establecidos. La Sala revisó cada aspecto y concluyó que: - La Superintendencia mantiene un rol de vigilancia y control en el Comité, a pesar de no tener órdenes directas. - La orden para que el municipio priorice recursos del Sistema General de Participaciones se ajusta a la normativa vigente, como la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007, por lo que no presenta ambigüedad. - La orden para que la empresa se abstenga de expedir certificaciones se fundamenta en la capacidad técnica para garantizar la viabilidad del servicio, sin que la expresión “infraestructura suficiente” genere dudas en la sentencia. - La abstención para otorgar licencias de urbanización y construcción se condiciona a la demostración de infraestructura y redes primarias con capacidad para brindar cobertura y continuidad suficiente, por lo que es clara y adecuada. - La posibilidad de que el Comité de Verificación otorgue plazos adicionales está contemplada para casos razonables y no genera dudas sobre su aplicación.

Decisión final

La Sala concluyó que la sentencia original no contiene conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de duda en su parte resolutiva, por lo que negó la solicitud de aclaración presentada. Además, recordó que la figura de aclaración no es un mecanismo para reabrir el debate judicial ni para modificar órdenes ya establecidas. Finalmente, se ordenó devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Norte de Santander para continuar con la vigilancia y cumplimiento de la sentencia. Este pronunciamiento ratifica la importancia de garantizar la prestación eficiente y continua de servicios públicos esenciales, y establece con claridad las responsabilidades y obligaciones de las autoridades involucradas en la solución de la problemática en Villa del Rosario, contribuyendo así al bienestar y desarrollo sostenible de la comunidad.