La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, a través de una providencia interlocutoria fechada en abril de 2025, resolvió negar la solicitud de aclaración, adición y corrección presentada respecto a la sentencia proferida el 6 de marzo de 2025, que aborda la protección de derechos colectivos relacionados con el Aeródromo Jerónimo de Aguayo, ubicado en el municipio de Málaga.

Antecedentes y fallo original

El proceso se originó por una demanda presentada contra diversas entidades del Estado, incluyendo el Departamento Administrativo de la Presidencia, el Ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías, la Aeronáutica Civil, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Municipio de Málaga. El objetivo fue proteger derechos colectivos como el acceso a un ambiente sano, el uso del espacio público, la seguridad y la prestación eficiente de servicios públicos, en particular en relación con el aeródromo. El Tribunal Administrativo del Santander, en sentencia de agosto de 2024, declaró probada la vulneración de derechos colectivos por parte del Municipio de Málaga y ordenó diversas medidas para garantizar la operatividad y seguridad del aeródromo, incluyendo la realización de obras, campañas de concientización y el desalojo de ocupantes ilegales del predio. En segunda instancia, el Consejo de Estado modificó parcialmente las órdenes, estableciendo plazos específicos para estudios técnicos, informes periódicos y la ejecución de obras. También precisó la conformación del comité de verificación, integrado por representantes del municipio, la Aeronáutica Civil, el actor popular y el magistrado ponente, con funciones de seguimiento y control.

Solicitud de aclaración, adición y corrección

El actor popular solicitó la publicación física y virtual de la sentencia para garantizar el conocimiento público y evitar interpretaciones políticas sobre las órdenes judiciales. Además, pidió condenar en costas en segunda instancia, y modificar la composición del comité de verificación para incluir al alcalde del municipio, el ministro de Transporte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el director general de la Aeronáutica Civil y el ministro de Hacienda, argumentando que estos actores tienen responsabilidades en el cumplimiento del fallo.

Consideraciones del Consejo de Estado

El Consejo de Estado recordó que los mecanismos de aclaración, adición y corrección de sentencias tienen límites estrictos: solo proceden para esclarecer dudas, complementar omisiones o corregir errores aritméticos dentro del término de ejecutoria. Tras analizar la solicitud, la Sala concluyó que: - No existen conceptos o frases en la sentencia que generen verdadero motivo de duda que ameriten aclaración. - No se omitió resolver ningún extremo de la litis que justifique adición. - No se evidencian errores aritméticos o de redacción que requieran corrección. - La petición de publicación de la sentencia y modificación del comité de verificación busca reabrir debates ya resueltos y cuestionar el fallo, lo cual es improcedente. Respecto a la composición del comité, la Sala consideró que la participación del municipio a través de su representante o delegado es suficiente para el seguimiento del cumplimiento. Además, recordó que las entidades nacionales mencionadas ya están llamadas a colaborar en el desarrollo de las obras conforme a sus competencias y al principio de subsidiariedad. Finalmente, la Sala negó la solicitud en todos sus términos y remitió el expediente a la Secretaría General para tramitar la solicitud subsidiaria de revisión eventual conforme a la normativa vigente.

Implicaciones y próximos pasos

Esta decisión reafirma la obligación del Municipio de Málaga y las entidades nacionales involucradas de cumplir con las órdenes judiciales para garantizar la seguridad y operatividad del Aeródromo Jerónimo de Aguayo. El comité de verificación continuará su labor de seguimiento bajo la supervisión del magistrado ponente y con la participación de las entidades señaladas. El proceso de cumplimiento de la sentencia avanza con plazos claros para estudios técnicos, ejecución de obras y acciones legales para recuperar el espacio público ocupado irregularmente. La resolución también destaca la importancia de la coordinación interinstitucional para proteger los derechos colectivos en materia de infraestructura y servicios públicos. Este caso es un ejemplo relevante del uso de acciones populares para defender intereses colectivos y de la función del Consejo de Estado en garantizar el respeto a las decisiones judiciales y la efectiva tutela de derechos en Colombia, reafirmando el compromiso institucional con la protección del interés general y la legalidad.