El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, se pronunció sobre la impugnación presentada contra la negativa de un tribunal administrativo a conceder un habeas corpus solicitado por la defensa de un suboficial activo del Ejército Nacional, privado de la libertad por decisión judicial dentro de un proceso penal ordinario.

Antecedentes y contexto del caso

El militar fue capturado en diciembre de 2024 en un complejo militar y puesto a disposición de la autoridad judicial penal municipal con función de control de garantías. Se le imputaron múltiples delitos relacionados con actividades ilícitas vinculadas al servicio militar y se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual cumple en un centro penitenciario de alta seguridad. La defensa interpuso recurso de apelación contra la medida de aseguramiento, pero a la fecha de presentación del habeas corpus, la apelación no había sido resuelta debido a la congestión judicial. La acción constitucional argumentaba que la jurisdicción penal ordinaria no era competente para juzgar al suboficial, pues las conductas investigadas debían ser tratadas por la jurisdicción penal militar, y que la captura fue ilegal por no haberse producido en flagrancia.

Consideraciones jurídicas y competencia

El Consejo de Estado recordó que el habeas corpus es una acción principal y directa para proteger el derecho a la libertad personal, pero no sustituye los mecanismos judiciales ordinarios dentro de un proceso penal. Por ello, en casos donde la privación de la libertad se produce en el marco de un proceso penal, primero deben agotarse los recursos ordinarios, como la apelación y la solicitud de revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento. Además, el proceso penal contempla un mecanismo específico para dirimir conflictos de jurisdicción entre la penal ordinaria y la penal militar, procedimiento que no fue utilizado. La acción de habeas corpus no es el medio adecuado para resolver discrepancias sobre la competencia jurisdiccional.

Decisión y repercusiones

El Consejo de Estado modificó la decisión de primera instancia y declaró improcedente la acción de habeas corpus, considerando que la privación de la libertad se encuentra dentro de los términos legales y que la apelación está pendiente de resolución por la autoridad judicial competente. Este fallo reafirma la importancia de respetar el principio de juez natural y los procedimientos ordinarios establecidos para la protección del derecho a la libertad, evitando que el habeas corpus se utilice como recurso alternativo o supletorio en procesos penales en curso. En conclusión, la medida de aseguramiento impuesta en procesos penales debe ser cuestionada principalmente ante las instancias judiciales ordinarias correspondientes, y el habeas corpus debe reservarse para situaciones excepcionales donde exista una vulneración manifiesta e inmediata del derecho fundamental a la libertad. De esta forma, se garantiza el respeto al debido proceso y la correcta administración de justicia.