Contexto y antecedentes de la acción de cumplimiento

En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en la Constitución y desarrollada por la Ley 393 de 1997, se presentó una demanda contra el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio para exigir el cumplimiento del parágrafo 2A transitorio del artículo 1° del Decreto 1784 de diciembre de 2021. Este parágrafo establece un plazo máximo de seis meses para que el Ministerio de Ambiente defina los parámetros para la realización de estudios de mayor detalle y los criterios para la localización de los componentes de macroproyectos en zonas de recarga de acuíferos, con concepto previo no vinculante del Ministerio de Vivienda. Aunque el plazo venció en junio de 2022, hasta la fecha del proceso no se había expedido el acto administrativo correspondiente ni solicitado el concepto previo, lo que motivó la acción legal.

Respuesta de las entidades demandadas

El Ministerio de Ambiente se opuso a la demanda argumentando que se encontraba en proceso de reglamentación normativa, señalando la complejidad del tema y la necesidad de armonizar regulaciones con otros sectores y estándares internacionales. Expuso diversas acciones realizadas, como la revisión de normas internas, consultas jurídicas, coordinación interministerial y elaboración de borradores técnicos. Por su parte, el Ministerio de Vivienda manifestó que no ha incumplido la norma, ya que la emisión del concepto previo no vinculante depende de recibir el proyecto del Ministerio de Ambiente, y que su obligación sólo surge una vez que dicha información sea remitida. El Ministerio Público apoyó la demanda, indicando que el mandato legal es claro y exigible, evidenciándose incumplimiento por inacción y vencimiento del plazo.

Decisión del Consejo de Estado

La Sala Quinta confirmó la competencia para conocer la impugnación y analizó los requisitos para la procedencia de la acción de cumplimiento, incluyendo la constitución en renuencia. Se constató que el actor efectuó la solicitud formal a las entidades y obtuvo respuestas que evidencian incumplimiento por parte del Ministerio de Ambiente, agotando el requisito previo. Respecto al fondo, se determinó que corresponde al Ministerio de Ambiente definir los parámetros y criterios en el plazo máximo de seis meses contados desde la entrada en vigencia del decreto, obligación que no ha sido cumplida. Se reconoció el esfuerzo realizado, pero se concluyó que la norma fue incumplida. En cuanto al Ministerio de Vivienda, se revocó la orden de cumplimiento, dado que su participación depende del envío previo del proyecto por parte del Ministerio de Ambiente y que su concepto es no vinculante. Además, se estableció que este Ministerio debe emitir su concepto en un plazo máximo de 30 días una vez recibido el proyecto. Finalmente, se modificó el término inicialmente fijado para el cumplimiento del Ministerio de Ambiente, ampliándose a seis meses a partir de la ejecutoria de esta sentencia, considerando la complejidad del trámite y la duración ya transcurrida desde la publicación del decreto.

Implicaciones y próximos pasos

Esta decisión refuerza la obligación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de cumplir con mandatos legales específicos para la protección y regulación ambiental en el desarrollo de macroproyectos, especialmente en áreas sensibles como las zonas de recarga de acuíferos. El Ministerio deberá coordinar las acciones necesarias para definir los parámetros técnicos y criterios de localización, asegurando la participación previa del Ministerio de Vivienda mediante concepto no vinculante. El plazo de seis meses para cumplir con esta orden busca equilibrar la complejidad del proceso con la necesidad de dar respuesta oportuna a la normativa. El fallo también clarifica los roles y responsabilidades de las entidades involucradas, estableciendo límites precisos para la exigencia de cumplimiento en este tipo de mandatos. En conclusión, esta sentencia representa un precedente en la aplicación efectiva de normas ambientales vinculadas a proyectos de interés social nacional, promoviendo la coordinación interinstitucional y el respeto a los plazos legales para garantizar la protección de recursos naturales estratégicos. Con esta decisión, se espera que los macroproyectos se desarrollen bajo criterios técnicos rigurosos que salvaguarden las zonas de recarga de acuíferos, contribuyendo así a la sostenibilidad y conservación de los recursos hídricos del país.