La Comisión Nacional de Disciplina Judicial conoció en grado jurisdiccional de consulta una sentencia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, que sancionó a una abogada por transgredir el deber profesional de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia, conforme al artículo 28 numeral 6 de la Ley 1123 de 2007. La abogada incurrió en la falta prevista en el artículo 33 numeral 2 de la misma ley, a título de dolo, por promover una causa manifiestamente contraria a derecho, específicamente al radicar una solicitud improcedente de prisión domiciliaria en un proceso penal. El caso se originó a partir de una queja presentada por una persona que solicitó investigar a la profesional del derecho por promover dicha solicitud que fue resuelta negativamente por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Medellín, fundamentando su decisión en el artículo 38G de la Ley 599 de 2000. Este artículo prohíbe la prisión domiciliaria para personas condenadas por ciertos delitos, entre ellos el concierto para delinquir agravado, delito por el cual estaba condenado el procesado en este caso. Durante el proceso disciplinario, se acreditó que la abogada recibió poder para gestionar la solicitud de prisión domiciliaria y que actuó al interior de una firma de abogados que había suscrito un contrato con la interesada para la defensa en este trámite. Se estableció que la abogada promovió la solicitud sin verificar su procedencia legal, a pesar de conocer las prohibiciones expresas de la ley. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial realizó un análisis riguroso de la legalidad de la actuación y confirmó la tipicidad de la conducta, al encuadrarla en una falta disciplinaria contra la recta y leal realización de la justicia. Se destacó que la abogada actuó con dolo, es decir, con conocimiento y voluntad de su conducta, al presentar la solicitud a sabiendas de su improcedencia. En cuanto a la dosimetría de la sanción, se consideraron los principios de razonabilidad, necesidad y proporcionalidad. La suspensión de dos meses del ejercicio profesional fue considerada adecuada para reprochar la conducta sin afectar desproporcionadamente el desarrollo profesional de la investigada. La Comisión aclaró que la ausencia de antecedentes disciplinarios no constituye un criterio de atenuación formalmente previsto en la ley, pero valoró la proporcionalidad de la sanción impuesta. Finalmente, se ordenó la notificación de la decisión, la anotación de la sanción en el Registro Nacional de Abogados y la devolución del expediente a la Comisión Seccional de origen para lo correspondiente. Esta decisión reafirma la importancia de que los abogados actúen con diligencia y respeto a las normas legales, garantizando la correcta administración de justicia y los fines del Estado.

Resumen de la decisión

| Aspecto | Detalle -------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Conducta sancionada | Solicitud improcedente de prisión domiciliaria Norma infringida | Artículo 33 numeral 2 y artículo 28 numeral 6 de la Ley 1123 Tipo de falta | Dolosa Sanción impuesta | Suspensión de dos meses del ejercicio profesional Fundamento legal clave | Artículo 38G de la Ley 599 de 2000 (prohibición de prisión domiciliaria en ciertos casos) Fecha de la solicitud | 11 de diciembre de 2020 | Esta resolución enfatiza la responsabilidad ética y legal de los abogados en la promoción de causas ajustadas al derecho, protegiendo así la integridad del sistema judicial y los derechos de las partes involucradas. Asimismo, envía un mensaje claro sobre la importancia de actuar con diligencia y respeto a la normativa vigente para preservar la confianza en la justicia y evitar sanciones que afecten la carrera profesional.