El caso se originó con una queja presentada en octubre de 2022 contra dos abogados de una firma jurídica, en relación con la gestión de la liquidación de una sociedad conyugal y divorcio por mutuo consentimiento. Inicialmente, ambos cónyuges contrataron conjuntamente los servicios legales para tramitar estos asuntos, acordando honorarios específicos. Sin embargo, posteriormente uno de los cónyuges decidió continuar con la asesoría exclusiva de la abogada investigada, dejando sin representación a la otra parte. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá había ordenado la terminación anticipada del proceso disciplinario, considerando que no se había demostrado falta alguna por parte de la abogada y que la gestión inicial se desarrolló con el consentimiento de ambas partes. Sin embargo, la parte quejosa apeló esta decisión, argumentando la existencia de un contrato consensuado para la representación conjunta y el uso desleal de información confidencial para beneficiar únicamente a uno de los cónyuges. En segunda instancia, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial revisó el recurso y encontró que, aunque existió un acuerdo inicial de prestación de servicios profesionales a ambas partes, no se establecieron con claridad las condiciones y limitaciones de dicha representación. Además, se evidenció que la abogada asumió la representación exclusiva de uno de los cónyuges tras el fracaso de la conciliación, sin que se acreditara un consentimiento expreso de la otra parte para esta transición. El análisis de la Comisión resaltó la importancia de los principios éticos de lealtad, imparcialidad y confidencialidad en la profesión legal, especialmente cuando un abogado maneja información sensible de partes con intereses contrapuestos. A partir de la...