La Comisión Nacional de Disciplina Judicial conoció el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de negar una solicitud probatoria en un proceso disciplinario iniciado por reiteradas inasistencias de un abogado a diligencias judiciales, en las que actuaba como defensor de confianza en un proceso penal por fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Mediante certificación de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia se verificó que el investigado es abogado titulado con tarjeta profesional vigente y cuenta con sanciones disciplinarias previas, incluyendo censuras y multas por faltas relacionadas con la Ley 1123 de 2007.

Antecedentes del proceso disciplinario

En primera instancia, el magistrado ponente abrió la investigación disciplinaria y programó audiencias que no fueron atendidas por el investigado, lo que llevó a la designación de un defensor de oficio. En la audiencia de pruebas y calificación provisional del 19 de febrero de 2025, el defensor de oficio solicitó la práctica de una prueba documental para certificar si la inasistencia del abogado causó perjuicios al proceso penal. Esta solicitud fue negada por el magistrado ponente bajo el argumento de que la evaluación del perjuicio correspondía al proceso disciplinario mismo y no constituía prueba independiente. El defensor interpuso recurso de reposición y, subsidiariamente, de apelación contra la negación de la prueba, argumentando que la certificación era vital para determinar la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad de la conducta, y para garantizar el debido proceso. Sin embargo, el magistrado ponente no resolvió el recurso de reposición, alegando que este no es procedente en las diligencias disciplinarias, postura que contraviene lo establecido en los artículos 80 y 105 de la Ley 1123 de 2007.

Decisión de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Al revisar el caso, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial constató que la omisión de resolver el recurso de reposición vulneró el derecho de defensa y el debido proceso del investigado. Según la normativa aplicable, el recurso de reposición debe ser resuelto en el mismo acto y contra la negativa procede el recurso de apelación. Por ello, se decretó la nulidad de lo actuado desde la audiencia del 19 de febrero de 2025 para que la Comisión Seccional de origen resuelva correctamente el recurso de reposición. Este pronunciamiento reafirma la importancia del respeto a las garantías procesales en los procedimientos disciplinarios y subraya que la declaratoria de nulidad es un mecanismo para reparar irregularidades que afectan los derechos fundamentales de las partes involucradas.

Medidas y repercusiones

En adelante, se ordenó que las notificaciones se realicen utilizando medios electrónicos con acuse de recibo certificado y que se dé celeridad al trámite para evitar la prescripción de la acción disciplinaria. Esta decisión resulta relevante para la administración de justicia disciplinaria, pues establece el cumplimiento estricto de los recursos procesales y la protección del derecho de defensa en el ejercicio profesional de los abogados, contribuyendo así a fortalecer la confianza en los procesos disciplinarios y el respeto a los derechos fundamentales.