El proceso disciplinario se originó a partir de una queja presentada por dos clientas contra un abogado, quien fue contratado para gestionar la sucesión de un vehículo y recuperar bienes que presuntamente fueron apropiados ilegalmente por terceros. Las clientas alegaron que el abogado solicitó un pago de quince millones de pesos para adelantar un trámite penal y contratar peritos, pero posteriormente no dio seguimiento ni mantuvo comunicación efectiva. Durante la etapa de investigación y calificación provisional, se estableció que el abogado se encontraba inscrito y habilitado para el ejercicio profesional, con antecedentes disciplinarios previos. En las audiencias correspondientes, las quejosas ratificaron sus denuncias y manifestaron la falta de avances en la gestión encomendada.

Negación de la prueba solicitada

El abogado investigado solicitó la práctica de varias pruebas, incluyendo la incorporación de un expediente disciplinario relacionado con otro profesional del derecho, argumentando que dicha prueba era pertinente para clarificar los hechos investigados. Sin embargo, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de primera instancia negó esta solicitud, considerando que el expediente no aportaba elementos relevantes respecto a la responsabilidad del abogado en cuestión.

Revisión y confirmación por la Comisión Nacional

El recurso de apelación interpuesto por el abogado fue analizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que recordó los requisitos para la admisión de pruebas en procesos disciplinarios: conducencia, pertinencia y utilidad. Se destacó que la prueba solicitada debía demostrar hechos relacionados directamente con la actuación del abogado investigado. La Comisión concluyó que la solicitud carecía de fundamentación suficiente para acreditar la pertinencia y conducencia de la prueba, y que el expediente referido ya obra en el...