La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de la competencia conferida por la Constitución Política, revisó en grado jurisdiccional de consulta la sentencia emitida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, que sancionó con suspensión de seis meses a una abogada por no asumir la designación como curadora Ad Litem en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Tras analizar el caso, la Comisión decidió modificar la sanción a dos meses de suspensión.

Antecedentes del caso

La investigación se inició tras la compulsa de copias ordenada por un tribunal administrativo, en un proceso donde la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP) era parte demandante. La abogada fue designada curadora Ad Litem para representar a la parte demandada, pero no tomó posesión del cargo. Se acreditó que la abogada fue notificada formalmente mediante correos electrónicos enviados al correo registrado en el sistema nacional de abogados, además de una llamada telefónica en la que fue informada que la designación era de aceptación obligatoria. Sin embargo, no respondió ni justificó su inasistencia, y fue relevada del cargo mediante auto judicial. La investigación disciplinaria concluyó que incurrió en falta por demora o abandono en las diligencias propias de la actuación profesional, tipificada en el artículo 37 numeral 1° de la Ley 1123 de 2007, y por incumplimiento de los deberes profesionales señalados en el artículo 28 numerales 10 y 21 de la misma norma.

Elementos jurídicos y decisión

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial verificó que se respetaron todas las garantías procesales y etapas legales durante el procedimiento disciplinario, incluyendo la designación de defensor de oficio y la práctica de pruebas. Se confirmó la tipicidad de la conducta, dado que la abogada no asumió oportunamente la designación como curadora Ad Litem, ni justificó su imposibilidad para hacerlo. La conducta fue considerada antijurídica al vulnerar deberes profesionales claros, sin que existieran causas que excluyeran la responsabilidad. Respecto a la culpabilidad, el actuar fue calificado como culposo, debido a la falta de diligencia y cuidado, sin dolo o intención de perjudicar. En cuanto a la dosificación de la sanción, aunque inicialmente fue impuesta una suspensión de seis meses, la Comisión consideró que debía ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, teniendo en cuenta que la conducta repercutió negativamente en el desarrollo del proceso judicial y en los derechos de la parte representada, pero que no fue realizada con intención dolosa. Por ello, redujo la sanción a dos meses de suspensión del ejercicio profesional.

Implicaciones y recomendaciones

Esta decisión resalta la importancia de que los abogados cumplan con sus deberes profesionales, especialmente en cargos de curaduría Ad Litem, que son de aceptación obligatoria salvo excepciones legales. La omisión injustificada en estos casos puede afectar el debido proceso y la defensa de los derechos de las partes involucradas. Además, se subraya que cambios en el proyecto de vida o en la actividad laboral del profesional no eximen del cumplimiento de sus obligaciones jurídicas y éticas como abogado. La resolución también destaca que, aun en situaciones excepcionales como la pandemia de COVID-19, las herramientas tecnológicas disponibles permiten cumplir con las responsabilidades profesionales, por lo que tales circunstancias no constituyen excusa válida para incumplimientos.

Conclusión

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial confirmó la responsabilidad disciplinaria de la abogada y estableció una sanción de suspensión por dos meses, enviando copia del fallo a la Unidad de Registro Nacional de Abogados para su anotación y ordenando las notificaciones correspondientes. Esta decisión busca preservar la diligencia y el compromiso ético en el ejercicio de la abogacía, recordando a los profesionales la importancia de atender con prontitud los encargos judiciales que se les asignen, para garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial y la protección efectiva de los derechos de las partes involucradas.