La investigación disciplinaria se originó tras la verificación física de bienes en la Seccional Caquetá, donde se evidenció la pérdida de una cámara fotográfica Canon asignada al técnico investigador II del CTI. La responsabilidad en proceso recayó sobre este servidor, quien no realizó la entrega oportuna del bien ni reportó adecuadamente la situación ante la Dirección de Control Disciplinario. El proceso disciplinario fue formalmente abierto en noviembre de 2022 y avanzó con la recepción de testimonios y cierre de la etapa investigativa en abril de 2023. Posteriormente, se formularon cargos por una presunta falta disciplinaria grave, calificada como culpa gravísima, por incumplimiento de los deberes de conservación, vigilancia y salvaguarda del bien asignado, en concordancia con la Ley 270 de 1996 y normas disciplinarias vigentes. Durante el trámite, el investigado solicitó la práctica de diversas pruebas testimoniales, documentales y periciales, entre ellas declaraciones de compañeros de trabajo sobre la carga laboral y dificultades de desplazamiento que podrían justificar la demora en la entrega del inventario, así como un peritaje sobre el estado y características técnicas de la cámara extraviada y la respuesta por el investigado. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caquetá negó parcialmente estas solicitudes, considerando que las pruebas testimoniales relacionadas con la carga laboral y dificultades geográficas no guardaban relación directa con el hecho investigado, que se centraba en la pérdida del bien y el incumplimiento de los deberes sobre su custodia. También se rechazó la prueba pericial por considerar que la información técnica ya estaba acreditada en el proceso mediante concepto técnico documental.

Confirmación de la negativa parcial por la Comisión Nacional

El recurso de apelación presentado contra esta decisión fue analizado por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, que confirmó la negativa parcial de la práctica de pruebas. Se resaltó que quien solicita pruebas debe demostrar adecuadamente su pertinencia, conducencia y utilidad para el objeto de la investigación. En este caso, las pruebas solicitadas no se relacionaban con la conducta disciplinaria bajo investigación ni acreditaban una causal de exclusión de responsabilidad. Asimismo, se destacó que el acogimiento a la reposición del bien por parte del disciplinado, manifestado en el expediente, limita la relevancia de las pruebas adicionales solicitadas. La Comisión concluyó que la decisión de primera instancia fue ajustada a derecho y ordenó continuar con el trámite del proceso disciplinario.

Implicaciones y continuidad del proceso

Esta resolución reafirma la importancia de la adecuada sustentación de las solicitudes probatorias en los procesos disciplinarios y la necesidad de que las pruebas aporten directamente al esclarecimiento de los hechos materia de investigación. Además, pone en evidencia las responsabilidades que tienen los funcionarios judiciales en la conservación y custodia de los bienes asignados para el desarrollo de sus funciones. El proceso continuará en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial para la presentación de descargos y demás etapas procedimentales conforme a la normatividad vigente, garantizando el debido proceso y la correcta administración de la justicia disciplinaria en el ámbito judicial.