La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, en ejercicio de su competencia constitucional y legal conforme al artículo 257A de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996 modificada por la Ley 2430 de 2024, resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la negativa de práctica de prueba en un proceso disciplinario contra una abogada.

Antecedentes del caso

El proceso disciplinario se originó por una queja presentada contra la abogada en su ejercicio profesional, relacionada con la representación de una víctima en un proceso penal por lesiones personales dolosas. Durante la investigación se formularon cargos por presuntas faltas disciplinarias relacionadas con demoras en la gestión procesal, manejo indebido de sumas de dinero y conflicto de intereses por la prestación de servicios como contratista en una entidad pública. Durante la etapa de audiencia de pruebas y calificación provisional, la abogada solicitó la práctica de diversas pruebas documentales y testimoniales, incluyendo un dictamen pericial solicitado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el propósito de establecer si el testigo principal padeció alguna enfermedad mental que pudiera afectar la credibilidad de su testimonio.

Decisión de la Comisión Seccional y recurso de apelación

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Santander decretó algunas pruebas, como la obtención de la historia clínica del testigo en la EPS correspondiente, pero negó la práctica del dictamen pericial argumentando que sería inconducente e innecesario, dado que la historia clínica ya contenía información sobre la salud mental del sujeto y no existían elementos que indicaran la necesidad de un nuevo peritaje. Inconforme con esta negativa, la defensa de la abogada interpuso recurso de apelación, argumentando que el dictamen pericial era pertinente para demostrar inconsistencias en las declaraciones del testigo.

Consideraciones de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial

La Comisión Nacional destacó que su competencia en segunda instancia se limita a revisar los aspectos impugnados en el recurso. Asimismo, recordó que la libertad probatoria en el proceso disciplinario está regulada por los principios de pertinencia, conducencia y utilidad, conforme a los artículos 87 y 88 de la Ley 1123 de 2007. En el análisis concreto, la Comisión sostuvo que la negativa al dictamen pericial fue adecuada, dado que no existían indicios previos que justificaran su práctica, y que la valoración de la prueba debe hacerse en conjunto y con base en la sana crítica, sin que sea procedente solicitar peritajes sin sustento fáctico. Finalmente, confirmó la decisión de la Comisión Seccional que negó la práctica del dictamen pericial, señalando que contra esta providencia no procede recurso alguno.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión reafirma la importancia de la valoración racional y fundamentada de las pruebas en los procesos disciplinarios, evitando dilaciones innecesarias y garantizando el debido proceso y el derecho de defensa. Además, establece un precedente sobre la admisibilidad y límites de la práctica de pruebas periciales en este tipo de procedimientos. La resolución será notificada a las partes mediante los canales electrónicos establecidos y queda firme conforme a las normas aplicables, cerrando así el incidente probatorio y permitiendo el avance del proceso disciplinario conforme a los principios de celeridad y eficacia administrativa.