Inclusión de animales en la política nacional de gestión del riesgo de desastres

El Proyecto de Ley número 009 de 2023 Senado/207 de 2024 Cámara propone modificar la Ley 1523 de 2012, que establece la política nacional y el sistema de gestión del riesgo de desastres, para reconocer e incluir a los animales como sujetos de atención y prevención en dicha política. Actualmente, la norma se enfoca principalmente en la protección de personas y bienes, pero este proyecto amplía su alcance para garantizar el bienestar animal en situaciones de emergencia. Este proyecto, que ha sido sometido al proceso de conciliación entre Senado y Cámara, se encuentra en una fase avanzada, próximo a la aprobación definitiva. Tras un análisis comparativo entre los textos aprobados en ambas corporaciones, se adoptó un texto conciliado que fortalece las garantías y lineamientos para la protección animal dentro de la gestión del riesgo. La iniciativa surge en un contexto donde los desastres naturales y antropogénicos afectan no solo a las personas sino también a la fauna doméstica y silvestre, evidenciando la necesidad de incorporar un enfoque integral que considere a los animales como parte fundamental del ecosistema y la sociedad. La propuesta responde a demandas sociales y a estándares internacionales sobre protección animal en emergencias. Entre los puntos clave del proyecto se destacan: - La modificación del concepto de gestión del riesgo para incluir explícitamente la protección y cuidado de los animales, junto con el bienestar humano y el desarrollo sostenible. - La incorporación de principios como la solidaridad con los animales y la prevalencia de la vida humana en caso de conflicto de derechos. - La definición ampliada de términos como calamidad pública, desastre, exposición y vulnerabilidad, contemplando expresamente a los animales. - La obligación para las autoridades y entidades responsables de adoptar medidas preventivas y de atención que consideren el bienestar animal. - La actualización de planes y estrategias nacionales y territoriales de gestión del riesgo para incluir protocolos específicos de rescate, atención médica, alojamiento y disposición final para animales afectados. - La creación de incentivos para hogares de paso, atención veterinaria y suministro de alimentación durante desastres. - La asignación de recursos en fondos territoriales para financiar acciones dirigidas a la población humana y animal afectada. El impacto potencial de esta ley es amplio, pues reconoce a los animales como sujetos de derechos dentro del marco de la gestión del riesgo, promoviendo una gestión más humanitaria, eficiente y sostenible de las emergencias. La inclusión de protocolos específicos y la capacitación de entidades y comunidades contribuirán a mejorar la respuesta ante desastres, reduciendo el sufrimiento animal y facilitando la recuperación integral de los territorios afectados. En cuanto al debate, esta iniciativa ha contado con amplio respaldo en el Congreso, destacando la importancia de armonizar la protección animal con la prioridad de la vida humana. Las entidades territoriales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tendrán un papel fundamental en la implementación y seguimiento de las disposiciones. Se prevé que con la aprobación final, el Gobierno Nacional deberá actualizar normativas y asignar recursos para garantizar el cumplimiento efectivo de la ley.

Medidas para mejorar el tránsito y tarifas especiales en estaciones de peaje

El Proyecto de Ley número 437 de 2025 Senado, actualmente en primer debate en la Comisión Sexta Constitucional Permanente del Senado, regula aspectos relacionados con el paso por estaciones de peaje en Colombia, estableciendo medidas para mejorar la movilidad y una tarifa especial diferencial para vehículos de categorías I y II. Esta iniciativa legislativa de origen parlamentario busca enfrentar problemas recurrentes como los represamientos vehiculares en estaciones de peaje ubicadas en accesos a las principales ciudades, que generan congestiones y afectan la calidad de vida y la economía de los usuarios. Además, pretende aliviar la carga económica de quienes transitan frecuentemente por estos puntos. Los aspectos más relevantes del proyecto incluyen: - La autorización para que la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y las autoridades de tránsito implementen manejo de tráfico reversible en vías nacionales de acceso a ciudades principales, facilitando así el flujo vehicular en horas pico o situaciones especiales. - La obligación para concesionarios, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y el Instituto Nacional de Vías (INVÍAS) de adoptar medidas preventivas para evitar represamientos en las estaciones de peaje, incluyendo la concertación con autoridades de tránsito sobre el número de carriles, puntos de pago y protocolos de respuesta rápida ante incidentes. - La facultad para que, en caso de represamiento atribuible a concesionarios o entidades administradoras, se pueda levantar temporalmente la barrera en estaciones de peaje para permitir el paso de vehículos hasta la normalización del flujo. - La prohibición de cobrar tarifa de peaje cuando se levanten las barreras para superar represamientos. - El deber de cooperación de empleados, contratistas y funcionarios de las entidades responsables para facilitar la ejecución de estas medidas, con multas y sanciones disciplinarias en caso de incumplimiento. - La obligación de garantizar la logística necesaria para la movilidad en vías nacionales. - La implementación obligatoria de una tarifa especial diferencial para vehículos particulares y de transporte público intermunicipal o especial de categorías I y II, destinada a quienes residan, trabajen o estudien en municipios o distritos aledaños o circunvecinos a la estación de peaje. - La participación de entidades territoriales en la definición de los municipios o distritos beneficiarios de la tarifa diferencial. - La realización de mesas de diálogo para establecer el porcentaje o monto de descuento aplicable, con una supervisión conjunta para asegurar su correcta ejecución. - La regulación de requisitos, términos de resolución con silencio positivo, duración del beneficio, renovación, verificación anual, actualización documental y causales de pérdida definitiva o no definitiva del beneficio. - La obligación para los vehículos nuevos que se comercialicen en el país de contar con dispositivos para el uso de peajes electrónicos, promoviendo su masificación mediante campañas de comunicación. - La reglamentación detallada por parte del Ministerio de Transporte en un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia. El proyecto se encuentra en etapa de primer debate, con ponencia favorable y pliego de modificaciones orientadas a fortalecer la prevención de represamientos y precisar responsabilidades. Entre las discusiones más relevantes está la necesidad de garantizar que las medidas no solo sean reactivas sino proactivas, evitando que los peajes se conviertan en cuellos de botella y asegurando una adecuada coordinación entre concesionarios y autoridades de tránsito. El impacto esperado de esta ley es mejorar la movilidad vial, reducir tiempos de desplazamiento y costos asociados para usuarios frecuentes, y modernizar el sistema de peajes con la implementación de tecnología electrónica. La tarifa diferencial busca promover la equidad, beneficiando a quienes utilizan regularmente estas vías por razones laborales, educativas o de residencia.

Conclusiones

Estos dos proyectos de ley reflejan un compromiso legislativo por adaptar las normativas nacionales a las necesidades sociales actuales, integrando la protección animal en políticas públicas y modernizando la infraestructura vial para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. La inclusión de los animales como sujetos de atención en la gestión del riesgo de desastres representa un avance significativo en la protección integral y el desarrollo sostenible. Por otro lado, las medidas sobre peajes buscan un equilibrio entre la eficiencia en la movilidad y la justicia tarifaria para los usuarios. El seguimiento y aprobación final de estas iniciativas será crucial para su efectiva implementación, requiriendo coordinación interinstitucional, asignación presupuestal y sensibilización social. Así, Colombia avanza hacia un marco normativo más inclusivo, equitativo y eficiente, acorde con los retos del siglo XXI y las expectativas de su población.