Contexto y entidad emisora

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, en ejercicio de las facultades otorgadas por la Ley 2219 de 2022 y en concordancia con la Constitución Política de Colombia, emitió la Resolución 000121 el 21 de mayo de 2025. Esta resolución reglamenta el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control sobre las asociaciones campesinas y agropecuarias, estableciendo un marco claro para la supervisión administrativa de estas organizaciones que juegan un papel fundamental en la economía rural y la seguridad alimentaria nacional.

Objeto y destinatarios de la resolución

La regulación tiene como destinatarios a las asociaciones campesinas y agropecuarias, consideradas sujetos pasivos de las labores de inspección, vigilancia y control del Ministerio. Se trata de organizaciones privadas, sin ánimo de lucro, conformadas por campesinos o pequeños y medianos productores que desarrollan actividades agropecuarias, pesqueras o artesanales, y que actúan como interlocutores con el Gobierno en materias de reforma agraria, financiamiento, mercadeo, asistencia técnica, extensión rural y servicios básicos. La resolución también delega a las Secretarías de Gobierno municipales y distritales la competencia para ejercer estas funciones sobre asociaciones de jurisdicción local.

Objetivo y alcance

El principal objetivo de esta regulación es procurar el cumplimiento de los estatutos, leyes y decretos que rigen la constitución y funcionamiento de las asociaciones campesinas y agropecuarias. Se enmarca dentro de la función administrativa prevista en el artículo 209 de la Constitución, y se orienta a garantizar la protección y fortalecimiento de estas organizaciones, sin interferir en su autonomía ni en sus asuntos internos.

Principales decisiones y regulaciones

La resolución define claramente las funciones de inspección, vigilancia y control: - Inspección: facultad para solicitar, requerir y analizar información necesaria para verificar el cumplimiento del régimen jurídico aplicable. - Vigilancia: acciones para asegurar que las asociaciones se ajusten a su constitución y al ordenamiento jurídico, incluyendo advertencias, prevención, orientación, y verificación del cumplimiento de planes de fortalecimiento y capacitación. - Control: potestad para ordenar medidas preventivas y correctivas para evitar o superar incumplimientos, acompañar y hacer seguimiento a compromisos, y trasladar información a partes interesadas y organismos de control. Se enfatiza que estas funciones son de naturaleza administrativa y no implican control fiscal, disciplinario o penal, ni la intervención en asuntos autónomos internos de las asociaciones. Además, se establecen medidas preventivas y correctivas que no constituyen sanciones, tales como acompañamiento, capacitación, diseño de planes para mitigar riesgos, exhortación para convocar asambleas y establecimiento de canales de comunicación interna. En caso de incumplimientos, se contemplan medidas correctivas sucesivas, como la implementación de planes de fortalecimiento, suspensión temporal de actos ilegales y solicitud de actualización de registros. En cuanto a plazos, la resolución fija que para la vigencia de 2025 las asociaciones deben presentar, a más tardar el último día hábil de agosto, documentos como estatutos vigentes, actas de asamblea, informes financieros y demás soportes; a partir de 2026, esta presentación se efectuará el último día hábil de abril de cada año.

Fundamento legal

La norma se sustenta en un sólido marco jurídico. Destaca el reconocimiento constitucional del campesinado como sujeto de especial protección (artículos 2º y 64 de la Constitución Política), la Ley 2219 de 2022 que regula la constitución, registro, certificación y vigilancia de las asociaciones campesinas y agropecuarias, y la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) que rige el procedimiento administrativo. Además, la resolución responde a la necesidad de reglamentar aspectos sancionatorios delegados al Ministerio por la Ley 2219, atendiendo a las observaciones de la Corte Constitucional que limitan la potestad reglamentaria en materia sancionatoria sin que el legislador haya definido previamente los elementos estructurales de las sanciones. El marco incluye también normas anteriores como el Decreto Ley 1279 de 1994, la Ley 101 de 1993 (Ley General de Desarrollo Agropecuario y Pesquero), y la Ley 2294 de 2023 (Plan Nacional de Desarrollo), que en conjunto conforman la base para la supervisión y fortalecimiento del sector rural.

Impacto potencial

Esta regulación tiene un impacto significativo en el sector agropecuario y campesino del país. Al establecer mecanismos claros y procedimientos definidos para la supervisión administrativa, se busca fortalecer la formalidad, transparencia y cumplimiento normativo de las asociaciones, lo que contribuye a su estabilidad y capacidad para representar eficazmente a sus miembros. El énfasis en medidas preventivas y correctivas no sancionatorias promueve un enfoque pedagógico y de acompañamiento, favoreciendo la autonomía de las organizaciones y evitando intervenciones arbitrarias. Esto puede traducirse en mayor confianza entre las asociaciones y las autoridades, facilitando la interlocución y el desarrollo de políticas públicas orientadas a la seguridad alimentaria, el desarrollo rural integral y la mejora en la calidad de vida de las comunidades campesinas. Asimismo, al delegar competencias territoriales a las Secretarías de Gobierno municipales y distritales, se promueve una supervisión más cercana y adaptada a las realidades locales.

Modificaciones y derogaciones

La Resolución 000121 de 2025 deroga a la anterior Resolución 000052 de 2025, precisando y ajustando las medidas reglamentarias para el ejercicio de la función de inspección, vigilancia y control. Esta actualización responde tanto a solicitudes de organizaciones gremiales y campesinas como a las recomendaciones de la Corte Constitucional para garantizar el respeto al debido proceso y evitar arbitrariedades.

Conclusión

Con esta reglamentación, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural avanza en la consolidación de un marco normativo que protege y fortalece a las asociaciones campesinas y agropecuarias. La Resolución 000121 de 2025 representa un paso importante para asegurar la legalidad, la participación efectiva y el desarrollo sostenible del sector rural colombiano, en línea con los mandatos constitucionales y legales que reconocen al campesinado como sujeto de especial protección y protagonista esencial en la soberanía alimentaria del país. La norma enfatiza un equilibrio entre la supervisión estatal y la autonomía organizacional, lo que puede generar beneficios tanto para las asociaciones como para el desarrollo rural integral de Colombia.