Contexto y emisión de la resolución

El Ministerio de Transporte de Colombia expidió la Resolución 20253040013035, publicada en el Diario Oficial No. 53.125 el 22 de mayo de 2025. Esta decisión se enmarca en el cumplimiento de un mandato emitido por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), específicamente derivado del Auto AI-070 de 2022 y su aclaración posterior AT-125 de 2023, que solicitó al sector transporte garantizar la compatibilidad de sus políticas de infraestructura con la protección de presuntos lugares de disposición o inhumación de víctimas del conflicto armado.

Objeto y destinatarios

La resolución adopta un documento técnico titulado “Lineamientos para la elaboración de protocolos para la salvaguarda y protección de cuerpos de presuntas víctimas del conflicto armado colombiano en proyectos de infraestructura de transporte”, junto con sus anexos, cuyo propósito es guiar a las entidades del sector transporte con competencia en proyectos de infraestructura para implementar acciones anticipadas, efectivas y oportunas de prevención y mitigación. El destinatario principal son las entidades del sector transporte con funciones sobre infraestructura de transporte, incluyendo gobiernos departamentales, municipales y distritales, además de entidades oficiales responsables de desarrollo y mantenimiento de proyectos de infraestructura vial. Estas entidades deben aplicar los lineamientos conforme a las etapas de los proyectos que adelanten.

Objetivo y alcance

El objetivo central de la resolución es establecer directrices vinculantes para que las entidades del sector transporte tomen medidas preventivas concretas en cada fase de los proyectos de infraestructura, con el fin de facilitar la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado. Se busca que el sector transporte, desde su competencia, contribuya a la garantía de los derechos humanos a la verdad y a la paz, articulándose con las autoridades encargadas de la búsqueda y manejo de personas desaparecidas. El alcance incluye asegurar y proteger el hallazgo y el contexto asociado a posibles restos humanos encontrados durante la ejecución de proyectos, garantizando que las entidades competentes en búsqueda —como la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General de la Nación (FGN) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF)— puedan intervenir eficazmente sin obstaculizar el desarrollo de las obras.

Principales decisiones y protocolos

La resolución adopta un conjunto de lineamientos y anexos que comprenden: - Ficha de Registro de Hallazgo para documentar descubrimientos en obra. - Formatos para solicitar información sobre áreas de interés forense. - Protocolos específicos de relacionamiento y coordinación entre la UBPD y comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. - Protocolos interinstitucionales para la entrega digna de cadáveres, con especial atención a la atención diferenciada a víctimas afrocolombianas e indígenas, en el marco de la justicia transicional. - Requisitos mínimos para la elaboración de protocolos de salvaguarda y protección de cuerpos. Estas herramientas buscan garantizar un manejo respetuoso, culturalmente pertinente y coordinado de los cuerpos o restos humanos que puedan hallarse en proyectos de infraestructura.

Marco normativo y fundamentos legales

La resolución se fundamenta en varias normas nacionales y mandatos judiciales, entre ellos: - Ley 105 de 1993, que establece competencias del Estado en materia de transporte. - Ley 1682 de 2013, que regula los proyectos de infraestructura de transporte y su interés general. - Decreto 087 de 2011 y Decreto 1079 de 2015, que reglamentan funciones del Ministerio de Transporte. - Auto AI-070 de 2022 y Auto AT-125 de 2023 de la Jurisdicción Especial para la Paz, que ordenan la adopción de protocolos para proteger lugares relacionados con víctimas del conflicto armado. - Constitución Política de Colombia, artículo 12, que prohíbe la desaparición forzada y garantiza derechos humanos. - Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que impone obligaciones a los Estados para la búsqueda y restitución digna de las personas desaparecidas y sus restos.

Impacto y relevancia

La adopción de estos lineamientos representa un avance significativo en la integración de la dimensión humanitaria y de derechos humanos en la planificación y ejecución de proyectos de infraestructura vial. Al establecer protocolos claros y coordinados, se asegura que obras estratégicas para el desarrollo y la conectividad del país respeten y contribuyan a la búsqueda de la verdad y a la reparación de las víctimas del conflicto armado. Además, se promueve la participación respetuosa de comunidades afectadas, reconociendo sus derechos culturales y su papel en la recuperación de la memoria histórica. Esto fortalece la justicia transicional y la construcción de paz, al tiempo que evita que proyectos de infraestructura puedan dañar o entorpecer procesos judiciales o humanitarios relacionados con la desaparición forzada.

Procedimiento y vigencia

El documento fue publicado para consulta en la página web del Ministerio de Transporte entre el 12 y el 26 de marzo de 2025, periodo en el que se recibieron y atendieron observaciones ciudadanas, garantizando transparencia y participación. La resolución entró en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial y ordena la inmediata impartición de instrucciones a las entidades adscritas al sector para su implementación.

Conclusión

La Resolución 20253040013035 del Ministerio de Transporte institucionaliza un compromiso concreto del sector con la protección de derechos humanos en el desarrollo de la infraestructura de transporte. Al adoptar estos lineamientos, se busca que las obras no solo impulsen el crecimiento económico y la integración territorial, sino que también respeten y contribuyan a la verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado colombiano. Este enfoque integral y coordinado entre entidades del sector transporte, autoridades judiciales y comunidades afectadas marca un precedente en la gestión pública, alineando la infraestructura con los valores fundamentales de paz y dignidad humana.