Antecedentes y objeto del proceso

El tribunal conoció un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra el Departamento del Cesar y otros, en el que se impugnaron los actos administrativos emitidos en un proceso de responsabilidad fiscal por el presunto daño patrimonial ocasionado al municipio de Aguachica con la entrega de un inmueble para un proyecto de reubicación de vendedores ambulantes y microempresarios. El bien inmueble, adquirido en 1991 para implementar el "Mercado Campesino", fue cedido mediante convenio de asociación a una fundación sin ánimo de lucro para la construcción de un centro comercial. Debido a incumplimientos, el convenio fue cedido a un particular, quien terminó comercializando la mayoría de los locales, sin que el municipio recuperara el control del proyecto.

Fundamentos jurídicos y valoración de la conducta

El tribunal recordó que la responsabilidad fiscal exige tres elementos: conducta dolosa o gravemente culposa del gestor fiscal, daño patrimonial cierto y cuantificable, y nexo causal entre ambos. En este caso, la ex alcaldesa, durante su periodo, fue considerada gestora fiscal y responsable de la gestión del patrimonio público, incluyendo la contratación y manejo de recursos para el proyecto social. Se determinó que la utilización de la figura del convenio de asociación con una fundación sin ánimo de lucro para un proyecto de construcción que terminó beneficiando a particulares no fue la adecuada ni eficiente, incumpliendo principios de contratación pública y gestión fiscal. El tribunal encontró que la entrega del inmueble como aporte, la falta de idoneidad y experiencia de la fundación para ejecutar la obra, la cesión posterior del convenio a un particular y la comercialización de la mayoría de los locales evidencian una gestión antieconómica, ineficaz e inoportuna que ocasionó un daño al patrimonio público. Además, se confirmó que el daño patrimonial ascendería a mil millones de pesos, valor adoptado en el proceso y respaldado por la documentación aportada, incluyendo avalúos y registros de ventas parciales del inmueble desglosado.

Proceso y garantías

Respecto al debido proceso, el tribunal consideró que pese a algunas dificultades en la notificación personal y la designación inicial de defensa técnica a estudiantes de consultorio jurídico, se garantizaron los derechos de contradicción y defensa conforme a la normatividad aplicable. Se valoraron las pruebas aportadas y las declaraciones de las partes, concluyendo que no existieron vicios procesales que invalidaran el fallo con responsabilidad fiscal.

Decisión y consecuencias

El Tribunal Administrativo del Cesar declaró probadas las excepciones de legalidad de los actos administrativos y la estructuración de los elementos de la responsabilidad fiscal, negando así las pretensiones de nulidad de la ex alcaldesa y otro demandante. No se impuso condena en costas dada la naturaleza del proceso y la ausencia de gastos extraordinarios. Finalmente, ordenó archivar el expediente y realizar las liquidaciones correspondientes. Este pronunciamiento reafirma la importancia de la adecuada gestión fiscal en la administración pública, la necesidad de respetar los principios de contratación estatal y la responsabilidad de los gestores fiscales cuando se ocasionan daños al patrimonio público, especialmente en proyectos con impacto social. Además, pone en evidencia la relevancia de garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de responsabilidad fiscal, fortaleciendo así la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública local.