Antecedentes del caso

Un contribuyente presentó su declaración de renta y complementarios para el año gravable 2013, registrando costos, deducciones, renta líquida gravable e impuesto a cargo. Tras una fiscalización, la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas modificó la liquidación para rechazar costos y deducciones relacionados con operaciones que calificó como simuladas con un proveedor. Además, impuso una sanción por inexactitud. El contribuyente interpuso recurso de reconsideración, que fue negado por la Subdirección de Gestión de Recursos Jurídicos de la DIAN. Posteriormente, presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, alegando vulneración de principios como la buena fe, la carga de la prueba, la presunción de inocencia y el espíritu de justicia, argumentando que las operaciones con el proveedor eran reales y estaban debidamente soportadas con facturas y recibos.

Argumentos de la administración tributaria

La DIAN sostuvo que el contribuyente no puede eximirse de responsabilidad por la conducta fraudulenta del proveedor. Indicó que existían indicios de operaciones simuladas, como pagos en efectivo por cifras significativas, falta de capacidad instalada del proveedor, ausencia de retenciones en la fuente, y que el proveedor no cumplía con sus obligaciones fiscales ni reportaba información exógena. La administración explicó que, aunque el contribuyente presentó facturas y contabilidad, estos documentos no acreditaron la realidad material de las operaciones. Además, resaltó que la carga de la prueba para demostrar la existencia de las operaciones recaía en el contribuyente y que la DIAN utilizó medios probatorios válidos, como visitas de verificación e inspecciones tributarias.

Decisión judicial y consideraciones

El Tribunal Administrativo de primera instancia negó las pretensiones del...