El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en auto proferido el 16 de mayo de 2025, resolvió un recurso de queja interpuesto tras la negativa del Juzgado Octavo Administrativo de Bogotá de conceder recursos de apelación relacionados con la práctica de pruebas en un proceso contra un municipio de Cundinamarca.

Contexto del proceso y decisiones de primera instancia

El demandante inició un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el municipio, buscando la nulidad de un acto administrativo negativo derivado de la falta de respuesta a una petición, así como el reconocimiento y pago de aportes al sistema de pensiones correspondientes a un periodo específico. Durante la audiencia inicial, el juzgado abrió la etapa probatoria y tuvo por admitidas varias pruebas documentales y testimoniales. Sin embargo, negó la práctica de una prueba documental solicitada consistente en una bitácora de ambulancias y decretó pruebas de oficio para requerir al municipio antecedentes administrativos y certificaciones sobre aportes a pensión. El apoderado del demandante interpuso recursos de apelación contra la negativa de una prueba documental específica y contra la prueba decretada de oficio. El juzgado rechazó estos recursos, argumentando que las providencias que decretan pruebas de oficio no son susceptibles de recurso de apelación según la normativa vigente y que la prueba documental solicitada ya había sido aportada como anexo dentro del escrito de demanda.

Fundamentos jurídicos y competencia

El Tribunal Administrativo recordó que, conforme al artículo 153 de la Ley 1437 de 2011, los tribunales administrativos conocen en segunda instancia de apelaciones y recursos de queja cuando no se concede el recurso de apelación. En este caso, el recurso de queja fue procedente porque se impugnó la negativa de apelación. Además, se destacó que las decisiones que decretan pruebas de oficio son facultades discrecionales del juez para esclarecer la verdad y no son susceptibles de recursos ordinarios, conforme al artículo 243A del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (C.P.A.C.A.). Respecto a la prueba documental denominada “hoja de vida” del demandante, el tribunal señaló que no fue negada, sino que formaba parte del acervo probatorio aportado por la parte actora, por lo que no procedía recurso de apelación.

Implicaciones y conclusiones

La decisión del Tribunal Administrativo confirma que la discrecionalidad judicial para decretar pruebas de oficio está protegida legalmente y que no todas las providencias son susceptibles de apelación en sede administrativa. Asimismo, se aclara que la presentación previa de documentos como prueba excluye la necesidad de decretarlas nuevamente. El fallo reafirma la importancia de respetar los procedimientos procesales y limita las vías recursivas en materia probatoria, lo que impacta a abogados y funcionarios públicos al precisar el alcance y límites en la práctica de pruebas dentro de procesos administrativos. Finalmente, se ordenó remitir el expediente al juzgado de origen para continuar con el trámite correspondiente. Esta providencia es un referente relevante para la interpretación y aplicación del régimen probatorio en la jurisdicción administrativa, garantizando la eficiencia y seguridad jurídica en la administración de justicia.