Antecedentes del caso

El proceso judicial inició con una demanda de reparación directa contra la Nación – Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios ocasionados debido a la privación injusta de la libertad de un ciudadano. En primera instancia, el juzgado administrativo negó las pretensiones, pero en segunda instancia, el Tribunal Administrativo revocó esa decisión y declaró a la entidad estatal responsable, ordenando el pago de indemnizaciones por perjuicios morales equivalentes a 105 salarios mínimos legales mensuales vigentes, distribuidos entre la víctima directa y sus allegados más cercanos.

Corrección de error en la sentencia

Posteriormente, se solicitó la corrección de un error en la sentencia de segunda instancia, específicamente en el nombre de uno de los beneficiarios de la condena. La corrección consistió en modificar un apellido que fue consignado incorrectamente en la parte considerativa y resolutiva del fallo. El Tribunal Administrativo aplicó el artículo 286 del Código General del Proceso, que permite corregir errores aritméticos o de omisión en las providencias judiciales, siempre que estén contenidos en la parte resolutiva o influyan en ella. En este caso, se trató de un error por cambio de palabra que no afecta el fondo de la decisión, pero sí la correcta identificación del beneficiario.

Implicaciones y cumplimiento

Con la corrección, se garantiza la exactitud en la identificación de los beneficiarios y se mantiene la condena contra la Nación – Fiscalía General de la Nación por los perjuicios morales causados por la privación injusta de la libertad. La entidad deberá cumplir con la sentencia en los términos legales establecidos, lo que incluye...