El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, emitió una providencia el 15 de mayo de 2025 en la que negó dos solicitudes presentadas por la parte demandante: i) la nulidad de la sentencia de segunda instancia y ii) la aclaración y adición de dicha sentencia.

Antecedentes del caso

La sentencia de segunda instancia, proferida el 30 de mayo de 2024, confirmó la decisión de primera instancia que había negado las pretensiones del demandante. Posteriormente, se radicaron dos memoriales solicitando la nulidad y aclaración de la sentencia, argumentando defectos fácticos y sustantivos, violación al debido proceso y omisión de pronunciamientos sobre puntos esenciales del litigio. Entre los principales argumentos de la parte demandante se destacó que el tribunal omitió resolver sobre un argumento relacionado con la aplicación del artículo 2º de la Ley 1184 de 2008, que ordena a la autoridad expedir recibo de liquidación cuando los clasificados no se presentan, calificando esta omisión como un defecto que vulnera el derecho a la defensa.

Consideraciones jurídicas

El tribunal recordó que las causales de nulidad están taxativamente señaladas en el Código General del Proceso (CGP), y que las nulidades constitucionales —como las derivadas del artículo 29 de la Constitución Nacional que protege el debido proceso y el derecho de defensa— deben analizarse con base en argumentos concretos y oportunos. En el análisis concreto, se concluyó que la solicitud de aplicación del artículo 2 de la Ley 1184 de 2008 no fue planteada en la demanda ni en las etapas procesales iniciales, sino que apareció por primera vez en el recurso de apelación y en los alegatos de conclusión en segunda instancia. Según la jurisprudencia aplicable, no es procedente presentar nuevos cargos en esta etapa, por lo que no se configuró la nulidad alegada. Respecto a la supuesta omisión de resolver sobre otros cargos de nulidad, el tribunal verificó que no existían reparos concretos contra la sentencia de primera instancia que justificaran un pronunciamiento distinto.

Decisión final

El tribunal concluyó que: - No se configuró la causal de nulidad constitucional por violación al derecho al debido proceso y defensa. - No existió omisión relevante en la motivación de la sentencia que justificara aclaración o adición. - Las solicitudes formuladas en segunda instancia para introducir nuevos argumentos constituyen nuevos cargos que no pueden ser analizados en esta fase. Por tanto, se negó tanto la solicitud de nulidad como la de aclaración y adición de la sentencia. La providencia fue firmada electrónicamente por las magistradas integrantes de la Subsección A de la Sección Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Implicaciones

Esta decisión reafirma la importancia del respeto a los límites procesales en la presentación de argumentos y recursos, así como la necesidad de plantear oportunamente los cargos en las etapas adecuadas para garantizar el derecho al debido proceso. Además, subraya que la introducción de nuevos argumentos en etapas tardías puede ser inadmisible, salvo excepciones previstas por la ley. El fallo también destaca la obligación de las autoridades administrativas y judiciales de motivar claramente sus decisiones y resolver todas las pretensiones y argumentos planteados oportunamente, para evitar nulidades procesales. En resumen, el tribunal mantiene firme la aplicación de la normativa vigente respecto a la liquidación de la cuota de compensación militar y la correcta tramitación procesal de los recursos, asegurando la legalidad y la protección de los derechos de las partes.