Antecedentes y decisión inicial

El 19 de abril de 2024, la sala de segunda instancia revocó una sentencia previa que negaba las pretensiones de la demanda. En su lugar, declaró la responsabilidad de la Nación – Fiscalía General de la Nación por los daños ocasionados a un ciudadano debido a su privación injusta de la libertad entre diciembre de 2004 y mayo de 2005. La decisión reconoció perjuicios morales y materiales a favor de los accionantes.

Solicitud de corrección y fundamentos jurídicos

Posteriormente, la parte actora solicitó la corrección de la sentencia para ajustar aspectos relacionados con la identificación de los beneficiarios de las reparaciones. El tribunal fundamentó su actuación en los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso (CGP), que permiten aclarar o corregir sentencias en casos de ambigüedad, errores aritméticos o mecanográficos, siempre que estos afecten la parte resolutiva. Se resaltó el principio de inmutabilidad de la sentencia para garantizar la seguridad jurídica, limitando las correcciones a aspectos claros y puntuales.

Corrección específica y distribución de montos

La corrección aprobada consistió en modificar el numeral tercero de la parte resolutiva, ajustando los nombres de los beneficiarios conforme al poder aportado al proceso. El fallo condena a la Nación – Fiscalía General de la Nación a pagar un total de quinientos ochenta salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMMLV) por concepto de perjuicios morales, con una distribución detallada entre la víctima directa, su compañera permanente, hijos, madre y hermanos.

Implicaciones y próximos pasos

Una vez ejecutoriada esta providencia y realizadas las anotaciones secretariales necesarias, el expediente será devuelto...