El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, subsección C, mediante auto fechado en mayo de 2025, requirió al Ministerio de Hacienda y Crédito Público que proceda con el pago inmediato de los bonos agrarios destinados a los herederos reconocidos en el proceso judicial relacionado con la expropiación del predio La Polinesia.

Contexto y antecedentes del caso

El caso se origina en la aprobación de una sentencia que reconoce derechos sobre mejoras en el predio expropiado, así como en la liquidación de sociedades conyugales y sucesiones intestadas vinculadas a los titulares originales. La sentencia fue proferida hace varios años, pero el pago de los bonos agrarios a los herederos se ha venido demorando. El Tribunal constató que, aunque el Ministerio de Hacienda ha señalado no tener solicitudes recientes de pago, existen múltiples radicados que acreditan lo contrario, y que los documentos requeridos para hacer efectivo el pago ya han sido aportados al proceso. Además, se recordó que la entidad es responsable de materializar el pago, pues es depositaria de los recursos públicos destinados para ello.

Implicaciones y órdenes judiciales

Se ordenó al Ministerio de Hacienda constituir un depósito judicial por un monto total de aproximadamente $27.7 millones, correspondiente a los bonos agrarios pendientes de pago. El depósito deberá realizarse en la cuenta judicial habilitada en el Banco Agrario de Colombia, bajo la custodia del Tribunal. Esta medida busca garantizar la seguridad jurídica y la correcta administración de los recursos. El Tribunal aclaró que no se trata de una controversia sobre la titularidad de los bonos, sino del cumplimiento de una sentencia ejecutoriada. Cualquier cuestión sobre prescripción debe ser resuelta por la autoridad judicial competente en el marco de las directrices del Consejo Superior de la Judicatura.

Comunicación a entes de control y advertencias

Además de notificar al Ministerio de Hacienda, la decisión fue comunicada al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República para que ejerzan sus funciones de control. El Tribunal advirtió que el incumplimiento de la orden judicial podría derivar en la apertura de un incidente de desacato, conforme al artículo 44 del Código General del Proceso.

Importancia de la resolución

Esta providencia es relevante porque garantiza la ejecución efectiva de sentencias en materia agraria y la correcta administración de recursos públicos destinados a indemnizaciones. También reafirma el rol del Tribunal en la supervisión del cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a particulares que resultaron afectados por procesos de expropiación. En resumen, la orden judicial busca que el Ministerio de Hacienda cumpla con su responsabilidad en la entrega de los bonos agrarios, asegurando así la protección de los derechos de los beneficiarios reconocidos en el proceso y la adecuada gestión de los recursos públicos involucrados. Con esta decisión, se espera que se dé un paso definitivo para resolver una situación que ha afectado a los herederos durante varios años, garantizando justicia y cumplimiento efectivo de las sentencias.