El proceso ejecutivo se origina en una sentencia de segunda instancia proferida por el Consejo de Estado el 4 de abril de 2018, que condenó solidariamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial al pago de una suma determinada. La obligación fue exigible judicialmente a partir del 19 de octubre de 2019, tras la ejecutoria de la sentencia. Los derechos crediticios reconocidos en la condena fueron cedidos en dos ocasiones a un fondo de capital privado administrado por una fiduciaria. Estas cesiones fueron debidamente notificadas a la entidad obligada al pago, la Fiscalía General de la Nación, que inicialmente manifestó aceptación condicionada y luego total. Se ha registrado un pago parcial por parte de la Fiscalía General de la Nación, conforme a resoluciones administrativas, quedando pendiente un saldo que motivó la presentación de la demanda ejecutiva el 28 de agosto de 2024, dentro del término legal para su presentación, considerando además la suspensión de términos por la pandemia de Covid-19. El mandamiento de pago fue librado el 20 de enero de 2025 y notificado el 6 de febrero de 2025. Posteriormente, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Rama Judicial contestaron la demanda ejecutiva, formulando excepciones relacionadas con el pago total de la obligación, la inexistencia de título ejecutivo, la inaplicabilidad de la solidaridad y la liquidación de intereses moratorios. El tribunal ha cumplido con el trámite procesal de traslado de las excepciones y ha recibido las pruebas allegadas por las partes. En consecuencia, se fijó la audiencia inicial para el 12 de...