El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Tercera - Subsección B, emitió una providencia relevante en el proceso de reparación directa radicado bajo el número 25000-23-36-000-2017-01129-00, en el cual la Agencia Nacional de Infraestructura y otras entidades son demandadas.

Orden de entrega de documentos y traslado a las partes

El despacho judicial ordenó por tercera vez al Departamento de Santander que entregue, en un plazo de cinco días, todos los documentos relacionados con la gestión de levantamiento y cancelación de medidas cautelares sobre los bienes afectados en la demanda. De igual forma, se reiteró el oficio a la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Bucaramanga para que allegue la prueba documental solicitada, con plazo similar. Respecto a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), se ordenó una segunda solicitud para que remita las declaraciones de renta de determinadas sociedades correspondientes a los años 2014, 2015 y 2016. Las partes dispondrán de cinco días para pronunciarse sobre esta documentación una vez sea aportada.

Documentación relativa al contrato de concesión y bienes inmuebles

El tribunal señaló que, aunque parte de la prueba documental relacionada con el contrato de concesión No. 002 de 2006 y los bienes inmuebles afectados ya obra en el expediente, la parte actora debe especificar los documentos pendientes por incorporar. De no hacerlo en el término de cinco días, se entenderá que está conforme con el recaudo probatorio. Además, se reconoció personería jurídica a los representantes del Departamento de Santander y del Instituto Nacional de Vías (INVIAS). También se aceptó la renuncia del apoderado de la Agencia Nacional de Infraestructura y se requirió a dicha entidad designar un nuevo representante legal.

Continuación de audiencia de pruebas y notificaciones

El tribunal fijó la continuación de la audiencia de pruebas para el 26 de junio de 2025 a las 8:30 a.m., que se realizará por la plataforma TEAMS, facilitando el acceso mediante enlace electrónico a las partes involucradas. Finalmente, se notificó la providencia a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, garantizando la transparencia y el debido proceso en esta etapa del litigio. Este avance procesal refleja la importancia de la diligencia probatoria en casos de responsabilidad estatal, especialmente en procesos relacionados con contratos de concesión y afectación de bienes públicos. El cumplimiento de los términos establecidos por el tribunal será determinante para la continuación y resolución del conflicto judicial, asegurando que todas las partes puedan ejercer su derecho a la defensa y contribuir al esclarecimiento de los hechos en disputa.