El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 19 de mayo de 2025, resolvió un incidente de nulidad relacionado con un proceso contractual entre la empresa demandante y la Secretaría Distrital de Movilidad. El incidente fue presentado por la parte demandada, que alegó vulneración del debido proceso por presunta indebida notificación luego de la renuncia de sus apoderados judiciales en julio de 2021.

Antecedentes del caso

El proceso inició con una sentencia de primera instancia en marzo de 2024, seguida por un recurso de apelación y posteriores actuaciones administrativas y judiciales. La parte demandada cuestionó la notificación de diversas providencias posteriores a la renuncia de sus apoderados, argumentando que no recibió las comunicaciones de forma adecuada, lo que le habría impedido ejercer su derecho de defensa. Por su parte, la Secretaría Distrital de Movilidad y la parte actora sostuvieron que las notificaciones se realizaron conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), principalmente mediante anotaciones electrónicas en el sistema judicial, y que la parte demandada no actualizó sus apoderados ni canales digitales para recibir notificaciones.

Fundamentos jurídicos y decisión

El tribunal recordó que la renuncia de los apoderados implica el término del poder conferido cinco días después de su comunicación formal. Desde ese momento, correspondía a la parte demandada designar nuevos representantes legales para continuar con la defensa de sus intereses. La falta de designación y actualización de canales de notificación fue considerada una omisión grave y una negligencia procesal. Asimismo, se explicó que la notificación personal se exige solo para ciertas providencias expresamente señaladas en la ley, mientras que para otros actos procesales es válida la notificación electrónica mediante anotaciones en el estado del proceso y mensajes en buzón electrónico, conforme a los artículos 198, 201, 202 y 203 del CPACA. El tribunal concluyó que no hubo violación del debido proceso ni causal de nulidad, ya que las notificaciones se realizaron de manera legal y que la parte demandada no cumplió con su deber de diligencia para mantenerse informada y representada en el proceso. Por ello, negó el incidente de nulidad. Además, fue rechazado el recurso de apelación presentado contra la sentencia de marzo de 2024 por haberse interpuesto de forma extemporánea.

Implicaciones prácticas

Esta decisión ratifica la importancia de mantener actualizados los poderes y canales de notificación en procesos judiciales, especialmente en la era digital donde la comunicación se realiza mayoritariamente por medios electrónicos. También reafirma el marco legal sobre notificaciones en el proceso administrativo sancionatorio y la obligación de las partes de estar atentas a las actuaciones procesales para evitar la pérdida de derechos. El fallo sienta un precedente claro para casos similares en los que se aleguen nulidades por supuestas fallas en la notificación electrónica, enfatizando la responsabilidad de las partes en la gestión de sus representaciones legales y medios de contacto. --- Resumen de notificaciones y plazos | Acto procesal | Tipo de notificación requerida | Situación en el caso -----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------- Auto admisorio de la demanda | Notificación personal | Realizada conforme a la ley Providencias no sujetas a personal| Anotación en estado electrónico | Realizadas correctamente Notificación de audiencias | Estrados | Realizadas correctamente Sentencias | Mensaje en buzón electrónico | Notificada según canales informados | --- En conclusión, el tribunal reafirma la validez de las notificaciones electrónicas en procesos judiciales y la necesidad de que las partes mantengan actualizados sus apoderados y canales de comunicación para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de defensa. Esta resolución fortalece la seguridad jurídica en los procesos administrativos y subraya el compromiso con la modernización y eficiencia en la administración de justicia.