Antecedentes del caso

La EPS presentó en abril de 2021 una demanda por medio de control de reparación directa, solicitando que el Ministerio de Salud y Protección Social reconociera su responsabilidad en el desequilibrio económico sufrido debido a la falta de reglamentación adecuada del régimen para el reconocimiento y pago de incapacidades temporales. Además, pidió el pago de perjuicios y el reajuste de valores asignados al fondo de incapacidades correspondiente a 2016. La demanda también involucraba a la ADRES, encargada de girar los recursos a las EPS según los porcentajes definidos por el Ministerio. El conflicto surgió porque el porcentaje asignado para cubrir incapacidades temporales (0,34% del Ingreso Base de Cotización, IBC) para el año 2016 resultó insuficiente para cubrir los costos reales. Esto generó un desequilibrio financiero para la EPS, agravado por decisiones judiciales que ordenaron pagos superiores al porcentaje inicialmente previsto. La EPS argumentó que, pese a haber informado esta situación al Ministerio y solicitar el reconocimiento del desequilibrio, no se obtuvo respuesta favorable.

Requerimientos y trámite procesal

Durante el proceso, se requirió a la EPS que aclarara con precisión las pretensiones, señalando claramente las entidades demandadas y el fundamento jurídico de la responsabilidad que se pretendía imputar. Asimismo, se solicitó aportar documentación probatoria, incluyendo la notificación oficial mediante la cual el Ministerio negó los ajustes presupuestales solicitados, y un soporte detallado de las incapacidades causadas. La EPS no cumplió con subsanar estos requerimientos en el plazo establecido, lo que llevó a que el Tribunal inadmitiera inicialmente la demanda y posteriormente procediera a rechazarla por falta de subsanación...