El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su sección tercera, admitió la demanda interpuesta por una clínica médica contra la Nación, a través del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES). La demanda se presentó en ejercicio del medio de control de reparación directa, buscando la declaratoria de responsabilidad administrativa extracontractual por perjuicios materiales e inmateriales derivados del incumplimiento en el pago de servicios de salud.

Antecedentes y naturaleza del caso

La clínica alega que prestó servicios de salud en virtud de un contrato con la EPS Saludvida S.A., entidad que posteriormente entró en intervención y liquidación forzosa, lo que generó la insolvencia y la imposibilidad de pago de las acreencias reconocidas. La demanda señala que las entidades demandadas incurrieron en omisión en sus funciones de inspección, control y vigilancia, lo que habría contribuido a la insolvencia y afectación en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Competencia y requisitos procesales

El Tribunal confirmó su competencia territorial, dado que los hechos ocurrieron en Bogotá D.C., y en razón de la cuantía, pues el monto reclamado supera los 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para el año 2025, ascendiendo a más de 62.500 millones de pesos. Además, se verificó la oportunidad de la acción, pues la demanda fue presentada dentro del plazo de dos años contados desde la terminación del proceso liquidatorio de la EPS Saludvida, conforme a la normatividad procesal vigente.

Procedimiento y siguientes pasos

El Tribunal solicitó a la parte demandante la presentación completa y funcional de los anexos probatorios que respaldan la demanda, para proceder con la notificación personal a las entidades demandadas. Además, ordenó la notificación al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quienes tendrán la oportunidad de intervenir en el proceso. En cumplimiento del artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), las entidades demandadas deberán aportar toda la prueba y antecedentes administrativos relacionados con el caso, bajo apercibimiento de sanciones disciplinarias para los funcionarios responsables en caso de omisión.

Implicaciones jurídicas

La admisión de esta demanda representa un paso inicial para que se determine la eventual responsabilidad de las entidades públicas en la supervisión de las EPS en liquidación y el resarcimiento de los perjuicios ocasionados a los prestadores de servicios de salud. Este proceso también puede sentar precedentes relevantes en materia de vigilancia y control del sistema de salud y los mecanismos de reparación frente a acreencias insolutas. La resolución será notificada a las partes involucradas y estará disponible para consulta en el portal de la Rama Judicial, conforme a las disposiciones del CPACA. Este caso evidencia la importancia del rol de supervisión estatal en el sector salud y los mecanismos judiciales disponibles para reclamar indemnizaciones por incumplimientos derivados de procesos de liquidación de entidades prestadoras. La atención al proceso y sus resultados será clave para el sector jurídico y sanitario, ya que podría influir en futuras políticas y procedimientos para evitar situaciones similares y garantizar la protección de los derechos de los prestadores y usuarios del sistema de salud.