El pasado dos de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “B”, profirió un auto en el que resolvió la etapa probatoria y fijó el litigio en un proceso administrativo. En dicho auto, se ordenó oficiar a la Fiscalía para que, dentro de los quince días siguientes, informara sobre el estado del proceso penal relacionado con uno de los involucrados en el caso. Inicialmente, la solicitud fue dirigida a la Fiscalía 366 ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá D.C. Sin embargo, al no recibir respuesta dentro del plazo establecido y tras verificar el sistema de consulta del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), se determinó que el proceso penal estaba bajo la competencia de la Fiscalía 242 Seccional de Bogotá, unidad de fe pública y orden económico. Por ello, el Tribunal ordenó remitir el requerimiento a esta última dependencia. El auto establece de manera clara que la Fiscalía 242 Seccional debe informar al Tribunal, dentro de quince días contados desde la comunicación del auto, acerca del estado actual del proceso penal. Además, se dispone que, una vez cumplido este requerimiento, el expediente regrese al despacho para proveer lo correspondiente.

Garantía de transparencia y coordinación institucional

Esta providencia se enmarca en el ejercicio de control y seguimiento que realiza el Tribunal Administrativo para garantizar la adecuada tramitación de procesos en los que se cruzan instancias administrativas y penales, asegurando así el respeto a los derechos de las partes y la correcta administración de justicia. La notificación de esta decisión fue realizada a las partes involucradas y al Ministerio Público, utilizando canales electrónicos...