Contexto y naturaleza de los procesos

Los procesos acumulados corresponden a demandas presentadas por una sociedad contra la DIAN, en las cuales se cuestiona la legalidad de dos liquidaciones oficiales y una resolución que las confirma, relacionadas con el impuesto sobre la renta y complementarios de los años 2018 y 2019. Los medios de control utilizados son de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme al artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

Requisitos para la acumulación y decisión judicial

El Tribunal verificó que ambos procesos se encuentran en primera instancia, tramitándose bajo el mismo procedimiento y con identidad de partes procesales (demandante y demandado). Además, no se ha fijado fecha para audiencia inicial en ninguno de los casos, y las pretensiones podrían haberse formulado en una misma demanda. En consecuencia, se cumple con los requisitos del artículo 148 del Código General del Proceso para decretar la acumulación. La competencia para resolver la acumulación recae en el juez que tramita el proceso más antiguo, determinado en función de la notificación del auto admisorio de la demanda. En este caso, el proceso más antiguo es aquel cuyo auto fue notificado el 24 de julio de 2024. Por ello, se dispuso acumular el proceso más reciente a este.

Medidas procesales adoptadas y valoración de pruebas

El Tribunal prescindió de la realización de las audiencias inicial, previa y de conciliación, conforme al artículo 182A del CPACA, introducido por la Ley 2080 de 2021, para proceder a la sentencia anticipada. Se tuvieron por contestadas las demandas y se admitieron como pruebas las documentales aportadas en las demandas y contestaciones, así como los antecedentes administrativos. Respecto a la prueba pericial presentada por la sociedad demandante, elaborada por firmas especializadas, la DIAN objetó su pertinencia y conducencia, señalando que tales dictámenes corresponden a interpretaciones jurídicas y no pruebas técnicas imparciales. El Tribunal consideró que dichos documentos, presentados originalmente en sede administrativa, deben ser valorados como pruebas documentales en el proceso judicial, determinando su valor probatorio en la sentencia.

Implicaciones y siguientes pasos

Esta decisión unifica el trámite de dos procesos relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, lo que permitirá un análisis integral de las controversias planteadas. El litigio se centra en aspectos como la legalidad de los actos administrativos, la correcta aplicación del régimen de precios de transferencia, la valoración probatoria, y el respeto a principios constitucionales como el debido proceso y la buena fe. Tras la acumulación, se otorgó un término común de diez días para que las partes y el Ministerio Público presenten sus alegatos de conclusión y rindan concepto, respectivamente. Seguidamente, el expediente será remitido para la proyección de la sentencia anticipada. Esta resolución refleja la aplicación práctica de mecanismos procesales que buscan eficiencia y economía procesal en controversias tributarias, garantizando el respeto a los derechos de las partes y la adecuada valoración de la prueba, contribuyendo así a una administración de justicia más ágil y efectiva en materia fiscal.