El pasado 19 de mayo de 2025, la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca resolvió no reponer el auto del 9 de agosto de 2024, mediante el cual se negó la práctica de pruebas solicitadas en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).

Antecedentes del caso

El demandante solicitó la práctica de prueba documental consistente en la remisión de un expediente administrativo previo en el que se había impuesto una sanción por hechos relacionados con el objeto del proceso actual. Además, pidió la admisión del testimonio de varios ingenieros especialistas que participaban en obras hidráulicas relacionadas.

Fundamentos de la decisión

El Tribunal fundamentó la negativa a reponer el auto en dos aspectos principales: 1. Prueba documental: La parte demandante no cumplió con el deber procesal de obtener la documentación a través del derecho de petición antes de solicitar que el juez oficie su entrega. Según el artículo 78 del Código General del Proceso, las partes deben abstenerse de pedir al juez documentos que podrían conseguir por sí mismas, salvo que acrediten imposibilidad para ello. No habiendo demostrado tal imposibilidad, la solicitud fue considerada improcedente. 2. Prueba testimonial: El Tribunal calificó como inconducente la prueba testimonial propuesta, al considerar que los testimonios versaban sobre la inversión en obras hidráulicas realizadas por la parte demandante, aspecto que no guardaba relación directa con los hechos materia de la demanda, los cuales se centraban en la ocupación del río Bogotá y la sanción impuesta por la CAR.

Implicaciones y pasos siguientes

Aunque se negó la reposición del auto que rechazó las pruebas, se concedió en subsidio el recurso de apelación en efecto devolutivo ante el Consejo de Estado, permitiendo así que la parte demandante continúe con la impugnación de esta decisión. Esta resolución reafirma la importancia de que las partes cumplan con sus deberes procesales, especialmente en lo relacionado con la obtención de pruebas, para asegurar la eficiencia y orden en los procesos administrativos y judiciales. El proceso sigue en curso, y la decisión final sobre la admisión de las pruebas y el fondo del asunto será tomada en instancias superiores. Esta medida afecta principalmente a entidades públicas y particulares involucrados en procesos administrativos sancionatorios y establece un precedente relevante sobre la valoración y admisión de pruebas en el ámbito contencioso administrativo, contribuyendo así a la correcta administración de justicia en materia ambiental.