El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en su Sección Primera, sub-sección “A”, emitió una providencia el 8 de mayo de 2025 en la que inadmitió una demanda presentada por una entidad promotora de salud contra la ADRES, por defectos en la presentación del escrito inicial. La magistrada ponente destacó que, aunque se presentó un escrito de subsanación, este no cumplió con señalar de manera clara y detallada las pretensiones económicas individuales relacionadas con cada comunicación objeto de nulidad.

Aspectos centrales de la decisión

La demanda buscaba la nulidad parcial de trece comunicaciones emitidas por la ADRES, que resolvieron solicitudes de recobro por tratamientos y tecnologías en salud no incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS). Sin embargo, el Tribunal indicó que para el estudio de admisión es necesario identificar cada comunicación y el valor reclamado asociado, pues cada una representa una pretensión económica independiente. Además, se recordó que la cuantía debe estimarse individualmente para cada reclamación, conforme al artículo 170 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA). En caso de no corregir estos defectos, la demanda será nuevamente inadmitida y podría ser rechazada.

Plazo para corrección y consecuencias

El Tribunal concedió un término de diez días, contados a partir del siguiente día a la notificación de la providencia, para que la parte demandante subsane las observaciones señaladas. Esta corrección debe incluir la presentación completa del escrito de demanda corregido junto con los respectivos traslados para notificación a las partes y al Ministerio Público. Esta decisión es relevante para los procesos administrativos en materia de salud, pues reafirma la importancia del cumplimiento riguroso de los requisitos formales para la admisión de demandas. Además, subraya la necesidad de individualizar las pretensiones económicas para cada acto administrativo impugnado.

Implicaciones prácticas

Para entidades que presenten demandas similares contra actos administrativos vinculados al sistema de salud, esta providencia enfatiza la obligación de cumplir con los requisitos procesales de forma precisa. La identificación clara de cada acto y la cuantificación individualizada de las pretensiones son imprescindibles para evitar retrasos o inadmisiones. Este fallo también resalta la importancia de la adecuada estructuración de la demanda para asegurar que los tribunales puedan estudiar el fondo de las controversias sin obstáculos formales. Finalmente, la providencia puede consultarse en la plataforma electrónica SAMAI del Consejo de Estado, garantizando la transparencia y acceso público a las actuaciones judiciales. De esta manera, se promueve un mayor control y seguimiento de los procesos que afectan el sistema de salud, fortaleciendo la confianza en la administración de justicia.