Antecedentes del caso

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca emitió una sentencia el 20 de marzo de 2025, en la cual declaró parcialmente fundadas las objeciones del alcalde municipal contra el Acuerdo No 04 de 2024. Este acuerdo establece el presupuesto de rentas, recursos de capital y gastos del municipio para el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2025. En la providencia se declararon infundadas las objeciones respecto a varios artículos, pero se encontró fundada la objeción relacionada con el artículo 44. Posteriormente, el alcalde municipal solicitó la adición de esta sentencia, argumentando que el Concejo Municipal se habría atribuido indebidamente funciones propias del alcalde al desagregar los gastos de inversión en partidas específicas, sin que ello formara parte del proyecto inicial presentado por la Alcaldía. Según el alcalde, esta actuación violaría la Constitución y la ley, al modificar el presupuesto sin su consentimiento. El Concejo Municipal respondió solicitando que se rechazara esta solicitud de adición, argumentando que no se cumplen los requisitos legales para tal procedimiento.

Consideraciones jurídicas

El Tribunal recordó que, conforme al Código General del Proceso, la adición de sentencias procede únicamente cuando la providencia original haya omitido pronunciarse sobre aspectos que debían ser resueltos. Además, la Corte Constitucional ha señalado que la adición debe cumplir con requisitos específicos de legitimación, oportunidad y carga argumentativa. En este contexto, el Tribunal concluyó que la sentencia original no abordó de manera completa los argumentos relacionados con las competencias presupuestales del alcalde y del Concejo. Por ello, decidió adicionar la sentencia para aclarar estos aspectos. La Constitución Política, en el artículo 315 numeral 9, asigna al alcalde la función de ordenar los gastos municipales conforme al plan de inversión y el presupuesto. Asimismo, la Ley 136 de 1994 establece que el alcalde debe ordenar los gastos y celebrar contratos conforme al presupuesto aprobado. El Tribunal resaltó que el Concejo tiene la atribución de aprobar el presupuesto, lo que habilita al alcalde para disponer de los recursos dentro de los límites establecidos. Sin embargo, no puede confundirse esta función con la ejecución presupuestal, que es competencia orgánica del alcalde. La Corte Constitucional ha señalado que la definición y modificación del gasto público requiere la aprobación de los órganos legislativos competentes, pero la ejecución y distribución dentro de los montos aprobados corresponde al alcalde. En consecuencia, el Tribunal determinó que el Concejo puede establecer las partidas y el monto total del presupuesto a iniciativa del alcalde, pero esto no limita las competencias orgánicas del alcalde para desagregar y ejecutar el presupuesto dentro de las partidas globales aprobadas. Cualquier modificación presupuestal adicional sí requeriría nueva aprobación del Concejo, pero la ejecución no debe estar supeditada a autorizaciones adicionales cuando se mantengan los montos y partidas globales.

Implicaciones y conclusiones

Esta decisión aclara la relación entre las funciones del Concejo y del alcalde en materia presupuestal, resaltando que son competencias complementarias. El Concejo fija el marco presupuestal, mientras que el alcalde tiene la facultad para gestionar la ejecución presupuestal dentro de los límites aprobados, sin necesidad de solicitar autorizaciones adicionales para la distribución interna de los recursos. El fallo tiene impacto en la interpretación de las normas sobre presupuesto municipal y establece un precedente para evitar conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo local en la gestión de recursos públicos. La adición a la sentencia fue notificada a las partes involucradas y es de cumplimiento obligatorio desde su emisión, garantizando así una adecuada administración financiera y una clara delimitación de competencias en el municipio de Carmen de Carupa.