Antecedentes del caso

La demanda fue presentada en contra de las entidades mencionadas, argumentando que no se había implementado la unificación de la exención del GMF para cuentas de ahorro o corriente, conforme al artículo 62 de la Ley 2277 de 2022. Esta norma modificó el Estatuto Tributario para permitir que dicha exención se aplique sin importar en qué banco se encuentre la cuenta, hasta un monto mensual de 350 UVT. El demandante ejerció el derecho de petición ante cada una de las entidades solicitando información sobre las razones del retraso, las medidas adoptadas y la fecha en que se haría efectiva la interoperabilidad bancaria necesaria para aplicar el beneficio. Sin embargo, no formuló una solicitud concreta de cumplimiento del deber legal, requisito indispensable para constituir en renuencia a la autoridad y así proceder con la acción de cumplimiento.

Consideraciones jurídicas

El Tribunal recordó que, según la Ley 393 de 1997, para que proceda una acción de cumplimiento es necesario que previamente el solicitante haya exigido por escrito el cumplimiento de un deber legal o administrativo, y que la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no haya respondido en el plazo legal. La petición debe ser clara, precisa y dirigida a hacer cumplir una norma específica. En este caso, aunque se presentaron varios derechos de petición, estos se limitaron a solicitar información sin exigir el cumplimiento del mandato legal. Además, se evidenció una incongruencia en la demanda, ya que se aludía a un artículo diferente de la ley que el invocado en las solicitudes previas, lo que impidió acreditar la existencia de renuencia...