Ministerio de Transporte propone modificaciones al Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte
Proviene de: Proyectos de Decreto
29 de mayo de 2025 23:52:29
Contexto y marco normativo
El Ministerio de Transporte, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales, anunció el proyecto de decreto número de 2025, que busca modificar y derogar varios artículos del Decreto 1079 de 2015, conocido como el Único Reglamentario del Sector Transporte. Este decreto fue publicado para recibir observaciones y comentarios desde el de hasta el de de 2025, siguiendo los procedimientos de participación ciudadana y transparencia administrativa.
El Decreto 1079 de 2015 compila y regula las normas del sector transporte, incluyendo la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, modalidad que se refiere a la movilización de personas con vehículos adecuados para servicios especiales. Este proyecto modifica aspectos esenciales relacionados con la habilitación, capacidad transportadora, contratos de vinculación y requisitos operativos de esta modalidad.
Propósito principal y grupos afectados
El propósito de este proyecto es actualizar la regulación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial para adaptarla a las condiciones actuales del sector, mejorando la eficiencia, la seguridad vial y la equidad entre las empresas de transporte y los propietarios de vehículos vinculados. Se busca también fomentar una transformación estructural en las relaciones económicas del sector, en línea con los compromisos pactados entre el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y otros ministerios, con los gremios del transporte de carga y pasajeros.
Los principales afectados por estas modificaciones son las empresas habilitadas para prestar el servicio de transporte especial, los propietarios de vehículos vinculados a estas empresas y los usuarios finales del servicio. Además, se involucran entidades de control y supervisión como la Superintendencia de Transporte y las autoridades territoriales de transporte.
Cambios relevantes en la regulación
Entre las principales modificaciones que plantea el proyecto de decreto se encuentran:
- Definición y uso del plan de rodamiento: Se actualiza la definición para incluir la utilización racional y equitativa de todos los vehículos vinculados a una empresa, contemplando el mantenimiento de los mismos.
- Contratos con empresas de transporte de pasajeros por carretera: Se establecen reglas claras para la contratación entre empresas de servicio especial y las de transporte por carretera para suplir necesidades de parque automotor en períodos de alta demanda, incluyendo la obligación de reportar información a la Superintendencia de Transporte.
- Requisitos para habilitación y mantenimiento: Se detallan los documentos, requisitos técnicos, financieros y administrativos que deben cumplir las empresas para obtener y mantener la habilitación, incluyendo la presentación de estados financieros, programas de mantenimiento, cumplimiento de seguridad social y la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad.
- Pago de primas de seguros: Se regulan las condiciones y procedimientos para el pago proporcional de primas de seguros por parte de los propietarios de vehículos vinculados, asegurando transparencia y evitando cobros adicionales improcedentes.
- Capacidad transportadora: Se establecen condiciones para la fijación, incremento y ajuste de la capacidad transportadora de las empresas, incluyendo la necesidad de que al menos el 10% de los vehículos sean de propiedad de la empresa, y se regulan los plazos y procedimientos para vincular nuevos vehículos.
- Contrato de vinculación de flota: Se regula este contrato de naturaleza privada, que permite a las empresas incorporar vehículos de propiedad de terceros, estableciendo cláusulas mínimas, duración máxima, terminación unilateral y la obligatoriedad de su registro en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).
- Causales de desvinculación: Se definen las causas por las cuales tanto propietarios como empresas pueden solicitar la desvinculación unilateral de vehículos, incluyendo incumplimiento del plan de rodamiento, condiciones financieras insostenibles y otros aspectos operativos.
- Cambio de empresa y modalidad: Se establecen las condiciones para que un vehículo desvinculado de una empresa pueda vincularse a otra con capacidad disponible, y se permite el traslado de vehículos entre modalidades bajo ciertos requisitos técnicos y de antigüedad.
- Prestación del servicio escolar: Se establecen procedimientos para garantizar la prestación del servicio público de transporte escolar en municipios donde no exista oferta, incluyendo la intervención de las autoridades territoriales y el Ministerio de Transporte.
- Transporte turístico: Se permite la prestación del servicio público y privado de transporte turístico en vehículos clase motocarro homologados y de motorización eléctrica, con regulación de las vías autorizadas para su circulación.
Acciones y disposiciones específicas
El proyecto dispone que las empresas de transporte especial deberán reportar periódicamente información relevante a la Superintendencia de Transporte y al Ministerio de Transporte, facilitando la supervisión y control de la operación. Además, se establecen obligaciones detalladas para la administración, mantenimiento, planificación y control de la flota vehicular, así como para la gestión de la seguridad vial, incluyendo programas de revisión técnico-mecánica y monitoreo de accidentalidad.
Se introducen mecanismos para garantizar la transparencia en los contratos de vinculación y en los cobros relacionados, con extractos mensuales para los propietarios. También se regula el uso de tecnologías de monitoreo vehicular y la implementación de controles aleatorios de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas para conductores.
Participación de actores clave
El proyecto de decreto destaca la participación de diversas entidades en su elaboración y futura implementación. El Ministerio de Transporte lidera el proceso, con el acompañamiento y supervisión de la Superintendencia de Transporte, y la coordinación con otros ministerios como Hacienda y Crédito Público, Trabajo, Minas y Energía y del Interior.
Los gremios del sector transporte, especialmente los representantes de las bases del transporte de carga y pasajeros, participaron en mesas de trabajo durante septiembre y octubre de 2024, cuyos resultados influyeron en las modificaciones propuestas. Además, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación acompañaron el análisis de temas específicos como el Formato Único de Extracto de Contrato (FUEC) electrónico.
Participación ciudadana y acceso al proyecto
En cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 y el Decreto 1081 de 2015, el Ministerio de Transporte publicó el proyecto de decreto en su página web durante un periodo establecido para recibir comentarios, observaciones y propuestas de la ciudadanía y grupos de interés. Todas las observaciones recibidas fueron atendidas en su totalidad, garantizando un proceso transparente y participativo.
El texto completo del proyecto de decreto está disponible en la página oficial del Ministerio de Transporte para consulta pública. Los interesados pueden acceder a este documento para conocer en detalle las modificaciones planteadas y sus implicaciones.
Conclusión
Este proyecto de decreto representa un esfuerzo por modernizar la regulación del Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial en Colombia, buscando un equilibrio entre la eficiencia operativa, la sostenibilidad financiera, la seguridad vial y la protección de los derechos de los usuarios y propietarios de vehículos. La intervención coordinada entre el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte y otros actores clave, así como la inclusión de las bases del sector y la ciudadanía, son fundamentales para lograr una transformación estructural que responda a las necesidades actuales y futuras del sector transporte en el país.
La publicación y socialización de este proyecto abre la puerta para un debate informado y la construcción colectiva de una normativa que fortalezca uno de los servicios públicos esenciales para la movilidad y el desarrollo económico nacional, garantizando así un transporte más eficiente, seguro y equitativo para todos los colombianos.
Este contenido fue escrito con la asistencia de JurIA, la inteligencia artificial de Avance Jurídico. Además, contó con la revisión del equipo jurídico y del editor.
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