Antecedentes del caso

Una entidad de economía mixta del orden nacional promovió una demanda ejecutiva para cobrar una obligación contenida en un pagaré. Inicialmente, la demanda se asignó a un juzgado municipal de un municipio del departamento de Cundinamarca, basándose en el domicilio conocido del demandado. Sin embargo, este juzgado decidió no continuar con el trámite y remitió el proceso a un juzgado de Bogotá, argumentando que la competencia correspondía al juez del domicilio principal de la entidad, ubicado en la capital del país. El juzgado de Bogotá declinó su conocimiento y planteó la colisión negativa, señalando que existía una sucursal o agencia de la entidad en el municipio donde se presentó inicialmente la demanda.

Consideraciones jurídicas

La Corte recordó que, conforme al artículo 28 del Código General del Proceso, en procesos contenciosos en los que sea parte una entidad descentralizada por servicios, la competencia territorial corresponde al juez del domicilio principal de la entidad, prevaleciendo esta regla sobre otros criterios. No obstante, cuando el asunto esté vinculado a una sucursal o agencia, son competentes, a prevención, tanto el juez del domicilio principal como el de la sucursal o agencia. En este caso, se verificó que en el municipio donde se presentó inicialmente la demanda no existía sucursal o agencia de la entidad, según el Registro Único Empresarial y Social (RUES). Además, el crédito reclamado estaba vinculado a una agencia ubicada en otro municipio del mismo departamento. Por lo tanto, no se cumplían los requisitos para que el juzgado municipal tuviera competencia. La competencia correspondía al juzgado del domicilio principal de la entidad en Bogotá, y al juzgado del municipio donde se encuentra la agencia vinculada al proceso.

Decisión y efectos

La Corte Suprema declaró competente al juzgado de Bogotá para conocer del proceso ejecutivo y ordenó remitir el expediente para que continúe el trámite correspondiente. Así mismo, informó a los juzgados involucrados y a las partes sobre esta decisión. Esta resolución reafirma la aplicación del fuero personal para entidades de economía mixta del orden nacional y clarifica el alcance del domicilio principal y las sucursales en materia de competencia territorial, garantizando seguridad jurídica en la asignación de procesos judiciales contra entidades públicas bajo esta figura. De este modo, se establece un precedente importante que busca evitar dilaciones procesales y fortalecer la coherencia en la administración de justicia frente a demandas contra entidades del Estado.