La Corte Suprema de Justicia se pronunció sobre la admisibilidad de una demanda de casación interpuesta contra la sentencia condenatoria proferida por la Sala Penal del Tribunal Superior, que confirmó la decisión de primera instancia en un proceso penal por extorsión en grado de tentativa. El caso tiene su origen en una extorsión mediante mensajes enviados a una víctima, exigiendo un pago bajo amenaza de divulgar material íntimo. La entrega del dinero fue coordinada y, en la cita, el condenado fue capturado por agentes especializados. En primera instancia, el juzgado condenó al procesado como cómplice del delito, imponiendo una pena de nueve meses de prisión, multa y la inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por igual término. Se denegaron los mecanismos sustitutivos de la pena. El defensor interpuso recursos apelativos y extraordinarios de casación, alegando que se vulneró el debido proceso porque durante el traslado previsto en la Ley 906 de 2004 solicitó la concesión de prisión domiciliaria por la condición de padre cabeza de familia, pero el juzgador no se pronunció de fondo. Sin embargo, la Sala de Casación Penal explicó que el juez de segunda instancia sí se pronunció sobre esta solicitud, negándola conforme a la prohibición expresa del artículo 1º de la Ley 750 de 2002, que excluye la prisión domiciliaria para autores o partícipes de delitos como la extorsión. El recurrente no acreditó que esta decisión haya vulnerado derechos fundamentales ni justificó cómo el fallo habría sido sustancialmente distinto de no haberse cometido esta supuesta irregularidad. Además, no controvirtió adecuadamente la motivación del juzgado sobre...