La Corte Suprema de Justicia atendió un conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Plato (Magdalena) y el Juzgado Catorce Civil Municipal de Cartagena, en el trámite de una acción de tutela presentada contra el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte de Cartagena.

Antecedentes del caso

El accionante promovió la acción de tutela alegando la presunta vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y petición. La controversia surgió cuando, tras enterarse del embargo de su cuenta de ahorros ordenado por la entidad demandada, solicitó información sobre la medida cautelar y copia del proceso de cobro coactivo, sin recibir respuesta hasta la presentación de la tutela. El Juzgado de Plato declaró su falta de competencia territorial, señalando que el proceso debía tramitarse en Cartagena, sede de la entidad demandada y lugar de la presunta vulneración. Sin embargo, el juzgado de Cartagena también se abstuvo de conocer la tutela, argumentando que correspondía al juzgado inicialmente elegido por el accionante, que es donde se encuentra su domicilio.

Fundamentos jurídicos y decisión

La Sala Plena de la Corte Suprema recordó que, según el artículo 17 de la Ley 270 de 1996 y el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, los jueces competentes para conocer acciones de tutela son aquellos del lugar donde ocurrió la violación o donde razonablemente puedan considerarse sus efectos. Este sistema atribuye al accionante la facultad de elegir el juez, siempre que el lugar tenga relación con la ocurrencia o efectos del daño alegado. En este caso, la Corte estableció que el accionante podía válidamente escoger al juzgado de Plato (Magdalena), pues allí reside y se producen los efectos de la presunta vulneración, por lo que el juzgado de esa localidad debe asumir la competencia para conocer la acción de tutela.

Implicaciones y alcance

Esta decisión reafirma el criterio jurisprudencial sobre la competencia preventiva en acciones de tutela, permitiendo al accionante escoger el juez en el lugar donde reside o donde se producen los efectos de la vulneración a sus derechos fundamentales. Además, garantiza que no se obstaculice el acceso efectivo a la justicia por conflictos de competencia entre juzgados. La resolución implica que el juzgado de Plato continuará el trámite de la acción de tutela y se le remitirá el expediente correspondiente, mientras que el juzgado de Cartagena deberá abstenerse de intervenir en el proceso. Este precedente es relevante para casos similares donde se presentan conflictos de competencia en materia de tutela, especialmente en situaciones que involucren medidas cautelares como embargos y respuestas a derechos de petición. En resumen, la Corte Suprema consolidó el principio de competencia preventiva, facilitando el acceso al amparo judicial en el lugar donde el afectado tiene domicilio o donde se perciben los efectos de la vulneración, lo cual fortalece la protección de los derechos fundamentales y asegura una administración de justicia más eficiente y accesible para los ciudadanos.