Antecedentes del caso

El proceso inició con una demanda contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP), en la que se solicitaba el reconocimiento de una pensión de jubilación convencional desde 2011, amparada en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) 2001-2004 entre el ISS y Sintraseguridadsocial. Se pedía una tasa de reemplazo del 100 % del promedio salarial de los últimos tres años de servicio en el ISS. El demandante había trabajado para el ISS durante más de 27 años, desempeñando cargos administrativos y técnicos. Sin embargo, solo poseía la calidad de trabajador oficial durante aproximadamente 6 años y 7 meses, mientras que el resto del tiempo fue funcionario de la seguridad social vinculado por una relación legal y reglamentaria, es decir, empleado público.

Decisiones en primera y segunda instancia

El juzgado de primera instancia condenó a la UGPP a reconocer y pagar la pensión convencional solicitada, incluyendo retroactivos y costos asociados. Sin embargo, en segunda instancia, el Tribunal Superior revocó la sentencia y absolvió a la UGPP, argumentando que el solicitante no cumplía con el requisito de 20 años como trabajador oficial para acceder a la pensión convencional.

Análisis de la Corte Suprema

Al resolver el recurso de casación, la Sala de Casación Laboral confirmó la sentencia de segunda instancia. La Corte recordó que, según la jurisprudencia vigente, las convenciones colectivas de trabajo aplican únicamente a los trabajadores oficiales, no a empleados públicos. Por ello, el tiempo laborado como funcionario de la seguridad social no se computa para cumplir el requisito de 20 años como trabajador oficial. El artículo 98 de la CCT establece que el derecho a la pensión convencional procede cuando se acrediten 20 años de servicio en calidad de trabajador oficial. La Corte destacó que el recurrente no cumplió este requisito, ya que solo laboró como trabajador oficial un poco más de 6 años. Finalmente, la Corte negó la casación y confirmó la absolución de la UGPP, imponiendo las costas del recurso al recurrente.

Implicaciones y conclusiones

Esta sentencia reafirma la diferenciación jurídica entre empleados públicos y trabajadores oficiales en materia de beneficios convencionales de pensión. Para acceder a la pensión de jubilación convencional prevista en la CCT, es indispensable acreditar el tiempo mínimo requerido en la calidad específica de trabajador oficial. Los empleados públicos que hayan laborado en el ISS u otras entidades de seguridad social deben tener presente que el tiempo trabajado bajo esta condición no se computa para efectos de este tipo de pensiones, lo que puede afectar sus expectativas de beneficios adicionales por negociación colectiva. Esta decisión, vigente desde mayo de 2025, ofrece claridad sobre la interpretación de los derechos pensionales derivados de convenciones colectivas y la aplicación estricta de sus requisitos, protegiendo la seguridad jurídica en la materia.