Antecedentes del caso

El proceso inició por una demanda contra la UGPP y las fiduciarias involucradas, en la que se solicitaba la reliquidación de una pensión convencional reconocida desde 2006. El demandante pedía, entre otros aspectos, que se incluyeran en la relación tiempo de servicio (RTS) ciertos factores salariales como la prima de antigüedad proporcional conforme a la Convención Colectiva de Trabajo (CCT) 2003-2004, así como otros pagos legales y extralegales. Previamente, se habían emitido decisiones judiciales y administrativas sobre el reconocimiento y liquidación de la pensión, incluyendo la declaración de prescripción sobre algunas prestaciones.

Decisiones en instancias inferiores

El juzgado de primera instancia absolvió al demandante, decisión que fue confirmada por la Sala Laboral del Tribunal Superior, la cual señaló que existía identidad de partes, objeto y causa petendi entre los procesos, configurando así la cosa juzgada. Además, se indicó que no existían nuevas circunstancias fácticas que justificaran reabrir el litigio sobre los mismos conceptos salariales ya tratados y decididos. Por ello, se consideró inadmisible el nuevo reclamo.

Recurso de casación y argumentos del recurrente

El recurrente solicitó la casación total de la sentencia, argumentando errores en la valoración de pruebas y en la aplicación del principio de cosa juzgada. Alegó que el tribunal no valoró adecuadamente la demanda y la solicitud de inclusión de la prima de antigüedad proporcional en la RTS, y que la prescripción no impide reclamar ciertos derechos ni la reliquidación de la pensión con los factores salariales completos. También cuestionó la falta de análisis sobre algunos factores salariales y la supuesta omisión de pruebas relevantes.

Respuesta de la UGPP y fiduciarias

Las entidades demandadas defendieron la sentencia, sosteniendo que los conceptos salariales reclamados ya fueron objeto de pronunciamiento judicial y que la excepción de cosa juzgada aplica plenamente. Señalaron que la valoración probatoria fue correcta y que las pretensiones adicionales no pueden reabrir un asunto legalmente concluido.

Consideraciones de la Corte Suprema

La Corte evaluó los cargos y concluyó que no se acreditaron errores en la valoración probatoria ni en la aplicación del principio de cosa juzgada. Destacó que para que opere esta figura es necesaria la identidad de partes, objeto y causa petendi, condiciones que se cumplen en este caso. Asimismo, indicó que no se presentaron nuevas circunstancias que justifiquen revisar lo ya decidido. La Corte recordó que el recurso de casación no es una instancia para revisar libremente hechos o pruebas, sino para examinar errores jurídicos claros y manifiestos, los cuales no se evidenciaron.

Decisión final

En consecuencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del Tribunal Superior, confirmando así la inadmisibilidad de la nueva solicitud de reliquidación de la pensión convencional. Se ordenó que las costas del recurso extraordinario fueran asumidas por el recurrente y se fijaron agencias en derecho para su cobro. Este fallo reafirma la importancia del principio de seguridad jurídica y la cosa juzgada en materia laboral y pensional, evitando la reanudación reiterada de litigios sobre las mismas pretensiones ya decididas, lo que contribuye a la estabilidad del sistema judicial y a la protección de los derechos de las partes involucradas.