Contexto y propósito del Decreto 0566 de 2025

El Decreto 0566, emitido el 28 de mayo de 2025 y publicado en el Diario Oficial el 29 de mayo, es una iniciativa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que reglamenta el funcionamiento del Certificado de Reembolso Tributario (CERT). La expedición del decreto se fundamenta en las atribuciones constitucionales del Presidente de la República y en la legislación comercial y tributaria vigente, en particular la Ley 7ª de 1991 y la Ley 48 de 1983. Este instrumento jurídico tiene como objetivo principal incentivar las exportaciones colombianas de bienes y servicios que incorporen valor agregado, tecnología e innovación. La medida responde a la necesidad de diversificar y sofisticar la matriz productiva nacional, disminuir la dependencia de sectores extractivos y promover una economía basada en el conocimiento y la sostenibilidad, conforme a los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y la Política Nacional de Reindustrialización.

Medidas y disposiciones clave del decreto

El CERT es un mecanismo que permite la devolución de un porcentaje de los impuestos indirectos pagados por los exportadores en la producción de bienes y servicios exportados legalmente. Este certificado es libremente negociable y puede ser utilizado para el pago de impuestos sobre la renta, gravámenes arancelarios, impuesto sobre las ventas (IVA) y retenciones en la fuente. El decreto establece dos tipos de CERT: uno para bienes y otro para servicios. En el caso de los bienes industrializados que hayan tenido al menos un mínimo proceso de transformación y agregado de valor, se otorga un CERT equivalente al 3% del valor FOB de la exportación. Para los servicios con valor agregado, tecnología e innovación, el CERT corresponde al 2% del valor de la exportación. Los exportadores beneficiarios deben estar inscritos en el Registro Único Tributario (RUT) como usuarios aduaneros en calidad de exportadores y estar registrados en el Registro de Productores de Bienes Nacionales, que administra el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En el caso de servicios, los prestadores deben contar con la autorización o acreditación correspondiente de los ministerios de Salud y Protección Social o de Educación Nacional, cuando aplique.

Ámbito de aplicación y exclusiones

El decreto tiene aplicación nacional y afecta a personas naturales o jurídicas residentes en Colombia que realicen exportaciones directas de bienes o servicios. Sin embargo, excluye expresamente ciertos casos, tales como exportaciones desde y hacia zonas francas, reexportaciones, exportaciones temporales, exportaciones de muestras sin valor comercial, menajes, exportaciones en cumplimiento de garantías, y exportaciones hacia países miembros de la Comunidad Andina y Venezuela. Además, no se otorgará el CERT para exportaciones cuyo pago se realice mediante tarjeta de crédito o a través de proveedores de servicios de pago agregadores. En el caso de exportaciones de servicios, tampoco serán beneficiarios quienes exporten hacia filiales, subsidiarias, sucursales u otros vinculados económicos de la misma persona jurídica domiciliada en Colombia.

Procedimientos y requisitos para acceder al CERT

Los exportadores interesados deben presentar una solicitud formal ante la Dirección de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, acreditando el cumplimiento de requisitos específicos. Entre ellos, demostrar el efectivo reintegro de divisas o el pago en pesos colombiano de la exportación, estar inscritos en el RUT como usuarios aduaneros, contar con las declaraciones de exportación definitivas para bienes o facturas electrónicas para servicios, y mantener actualizado el certificado de existencia y representación legal. El decreto fija un plazo máximo de ocho meses desde la fecha de exportación para presentar la solicitud del CERT. El reconocimiento se realiza mediante acto administrativo, y la emisión y administración del certificado estará a cargo de un depósito centralizado de valores designado por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo.

Impacto esperado y vigencia

La implementación del CERT busca dinamizar el sector exportador colombiano, incentivando la producción con valor agregado y la incorporación de tecnología, lo que puede traducirse en un aumento de la competitividad internacional de las empresas nacionales. Asimismo, se espera que contribuya a la diversificación de los sectores productivos y a una economía más sostenible y menos dependiente de actividades extractivas. El decreto entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación, con un periodo de transición de tres meses para que las entidades involucradas adopten las medidas necesarias para su aplicación efectiva. Las exportaciones que podrán solicitar el CERT serán las realizadas durante los años 2025 y 2026, y existe un límite anual al monto total de certificación aprobado por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), que para este periodo representa un costo fiscal estimado de 1.5 billones de pesos colombianos.

Modificaciones normativas y supervisión

El Decreto 0566 deroga las disposiciones que le sean contrarias y establece mecanismos de supervisión y control para asegurar la correcta aplicación del CERT. La Dirección de Comercio Exterior deberá obtener información periódica del depósito de valores y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), además de realizar visitas y requerimientos a los exportadores y a los intermediarios del mercado cambiario. Adicionalmente, el Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior evaluará anualmente el impacto y resultados del decreto, pudiendo recomendar modificaciones o la continuidad del programa.

Conclusión

El Decreto 0566 de 2025 constituye un paso significativo en la política pública colombiana para promover las exportaciones con valor agregado y la innovación tecnológica. Al reglamentar el CERT, el Gobierno fortalece un instrumento clave para estimular la internacionalización de la economía, la diversificación productiva y la sostenibilidad, elementos centrales para el desarrollo económico y social del país en la presente década.