Principales cambios normativos

El decreto introduce importantes modificaciones en la regulación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, definiendo con mayor precisión su alcance y estableciendo nuevas obligaciones para las empresas de transporte, los generadores de carga y los titulares de los vehículos. Entre los ajustes relevantes se encuentra la reglamentación del manifiesto electrónico de carga a través del Sistema del Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC), que debe ser expedido por las empresas de transporte y portado por los conductores durante todo el recorrido. Se establecen también definiciones claras para términos esenciales como valor a pagar, flete, horas logísticas y se regulan las relaciones económicas entre las partes involucradas, garantizando que los pagos no sean inferiores a los costos eficientes de operación publicados en el sistema SICE-TAC, que actúa como referencia mínima obligatoria.

Requisitos para la habilitación y operación de empresas de transporte

Las empresas deben cumplir una serie de requisitos para su habilitación, incluyendo certificaciones legales, demostración de capital mínimo, mecanismos de control de flota, gestión financiera, administrativa y de personal, así como certificaciones de mantenimiento y seguros. Se establece que la inspección, vigilancia y control estarán a cargo de la Superintendencia de Transporte, que podrá solicitar información y supervisar el cumplimiento de las disposiciones.

Registro inicial de vehículos y modernización del parque automotor

El decreto regula el registro inicial de vehículos de carga con peso bruto vehicular igual o superior a 3.5 toneladas, estableciendo dos vías para su ingreso: reposición de un vehículo sometido a desintegración física total o el pago de un valor destinado al Fondo para la Promoción de Ascenso Tecnológico (FOPAT). Se exceptúan ciertos vehículos con carrocerías especiales, que no podrán cambiar sus condiciones iniciales de ingreso ni acceder al programa de modernización. Además, se establece que los vehículos ingresados en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrán condiciones especiales y estarán exceptuados de la condición de ingreso por reposición o vehículo nuevo.

Implicaciones y vigencia

Estas modificaciones buscan promover la eficiencia, seguridad y equidad en el servicio de transporte de carga, además de apoyar la transición hacia un parque automotor más moderno y sostenible, en línea con las metas de descarbonización y desarrollo bajo en carbono establecidas en la legislación nacional. El decreto entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación en el Diario Oficial y deroga varias disposiciones anteriores relacionadas con el transporte terrestre automotor de carga. En resumen, esta actualización normativa representa un avance significativo en la regulación del sector transporte de carga, fortaleciendo los mecanismos de control, mejorando las condiciones para los actores del sector y alineando el marco legal con los objetivos de modernización y sostenibilidad del país, contribuyendo así al desarrollo económico y ambiental de Colombia.