La Sala Primera del Consejo de Estado, en sesión del 8 de mayo de 2025, resolvió negar la solicitud de aclaración presentada contra la sentencia del 13 de marzo de 2025 que revocó la decisión inicial del Tribunal Administrativo del Magdalena y declaró la pérdida de investidura de un concejal electo para el periodo constitucional 2024-2027 en el municipio de Puebloviejo.

Antecedentes del proceso

El proceso se originó por una solicitud de pérdida de investidura basada en la presunta incompatibilidad del concejal al suscribir un contrato de prestación de servicios profesionales con una entidad pública hospitalaria. El Tribunal Administrativo del Magdalena inicialmente negó la solicitud, pero la Sala Primera del Consejo de Estado revocó dicha decisión, decretando la pérdida de investidura.

Fundamentos jurídicos de la sentencia

El fallo se apoyó en el artículo 127, inciso 1º, de la Constitución Política, que prohíbe a los servidores públicos celebrar contratos con entidades públicas, salvo excepciones legales. Además, se consideró el artículo 8º, numeral 1º, literal f), de la Ley 80 de 1993, que establece las causales autónomas de pérdida de investidura por incompatibilidad. La Sala reiteró que las excepciones señaladas en el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992, relacionadas con la percepción de honorarios por servicios profesionales de salud, no constituyen excepciones al régimen de incompatibilidades del artículo 127 constitucional, dado que regulan materias jurídicas distintas. Se resaltó que el concejal no demostró haber actuado con buena fe calificada ni encontró justificación en un error invencible, ya que tenía la obligación de conocer y asesorarse sobre las incompatibilidades del cargo al que aspiraba.

Solicitud de aclaración y decisión final

La solicitud de aclaración pretendía dilucidar cuáles son las excepciones legales al régimen de incompatibilidades y cuestionó la interpretación sobre el artículo 19 de la Ley 4ª de 1992. Sin embargo, la Sala concluyó que la sentencia original es clara y no presenta conceptos o frases que generen dudas en su parte resolutiva ni influyan en ella. Por lo tanto, se negó la solicitud de aclaración, reafirmando la pérdida de investidura del concejal y devolviendo el proceso al Tribunal de origen para su cumplimiento.

Implicaciones de la decisión

Este fallo establece un precedente importante sobre la aplicación rigurosa del régimen de incompatibilidades para servidores públicos electos, especialmente concejales. Se reafirma que la celebración de contratos con entidades públicas, salvo excepciones expresamente legales y claras, puede acarrear la pérdida de investidura. Además, se destaca la obligación de los funcionarios electos de conocer y cumplir el marco normativo aplicable a su cargo, sin que la buena fe simple exima de responsabilidad. Con esta decisión, se fortalece la transparencia y la ética en el ejercicio de cargos públicos, contribuyendo a la confianza en las instituciones y al respeto por el régimen legal colombiano vigente. Así, se envía un mensaje claro sobre la importancia de respetar las normas que regulan la conducta y las incompatibilidades de los servidores públicos, garantizando un ejercicio responsable y transparente del poder público.