El pasado 20 de marzo de 2025, la Contraloría General de la República emitió una resolución mediante la cual declaró infundada una recusación presentada contra un Contralor Provincial adscrito a la Gerencia Departamental Colegiada del Amazonas, en el marco del proceso de responsabilidad fiscal No. PRF-80912-2021-38903. La recusación fue interpuesta alegando vulneración del principio de imparcialidad debido a un presunto conflicto de intereses generado por un parentesco en segundo grado con la Secretaria de Turismo del mismo Departamento, entidad parte en el proceso.

Contexto y fundamentos de la recusación

La recusación se fundamentó en el numeral 3 del artículo 130 de la Ley 1437 de 2011, que establece que los magistrados y jueces deberán declararse impedidos o serán recusables cuando un pariente hasta el segundo grado de consanguinidad ocupe cargos directivos, asesores o ejecutivos en una entidad pública que sea parte o tercero interesado en el proceso. Se argumentó que la relación familiar entre el Contralor Provincial y la Secretaria de Turismo generaba una duda razonable sobre la imparcialidad del funcionario en el conocimiento del procedimiento fiscal.

Decisión y análisis del Contralor General

Tras analizar detalladamente el caso, el Contralor General concluyó que no existía sustento jurídico ni probatorio suficiente para aceptar la recusación. Se destacó que la Secretaria de Turismo no había participado ni tenía relación directa con los hechos investigados, ni con la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Productividad, que es la entidad implicada en el daño al patrimonio público objeto del proceso. Asimismo, se señaló que el parentesco y el cargo directivo del familiar no implicaban automáticamente un conflicto de intereses en el proceso, especialmente cuando no existe intervención o interés directo en los hechos materia de investigación. La resolución enfatizó que las causales de recusación deben interpretarse de manera restrictiva y fundamentarse en pruebas concretas, conforme a la jurisprudencia y los principios de imparcialidad y debido proceso.

Implicaciones y alcance

La resolución confirma que la existencia de parentesco con servidores públicos en cargos directivos dentro de entidades parte de un proceso no es suficiente para configurar una causal de recusación si no se acredita una relación directa con los hechos investigados. Esto reafirma la necesidad de evaluar cada caso bajo criterios objetivos y pruebas concretas, evitando interpretaciones extensivas que puedan afectar la estabilidad institucional y la continuidad de los procesos administrativos. Por último, se notificó a las partes involucradas que contra esta decisión no procede recurso alguno, lo que le otorga carácter definitivo y obliga a mantener la participación del funcionario recusado en el proceso. Esta providencia ratifica la importancia de garantizar el equilibrio entre la imparcialidad exigida en los procedimientos y la seguridad jurídica en la administración pública, fortaleciendo así la confianza ciudadana en las instituciones de control fiscal.