El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en providencia fechada el 12 de mayo de 2025, negó una acción de tutela presentada contra el Juzgado 29 Civil del Circuito y una compañía aseguradora de fianzas. El amparo fue promovido por una empresa que alegaba vulneración de sus derechos fundamentales debido a una supuesta irregularidad en la notificación de un mandamiento de pago en un proceso ejecutivo.

Antecedentes del caso

La empresa accionante fue notificada mediante un correo electrónico que no abrió por considerarlo posiblemente spam, atendiendo a recomendaciones de ciberseguridad emitidas por la Rama Judicial. Debido a ello, no tuvo conocimiento oportuno del trámite procesal y fue enterada recién al ser intimada del embargo sobre sus cuentas, situación que afectó sus operaciones. La tutela buscaba anular las actuaciones desde la orden de pago y obtener una notificación válida que le permitiera ejercer su derecho de contradicción.

Contestación de las partes involucradas

El Juzgado 29 Civil del Circuito indicó que el proceso se adelantó conforme a la ley y que no se vulneraron garantías constitucionales. La aseguradora de fianzas confirmó la regularidad del trámite de notificación y pidió negar el amparo. Otro interesado en el proceso manifestó que no fue notificado y solicitó intervenir para ejercer su derecho de defensa. El juzgado encargado de la ejecución de sentencias afirmó que solo dictó autos no controvertidos y que la tutela no es el mecanismo adecuado para reemplazar los procedimientos ordinarios. Otros convocados guardaron silencio.

Consideraciones jurídicas

El Tribunal recordó que la acción de tutela es un mecanismo extraordinario y subsidiario, destinado a proteger derechos fundamentales cuando no existen otros medios judiciales idóneos o cuando su uso es para evitar un perjuicio irremediable. En este caso, la tutela no procedía porque no se agotaron los medios ordinarios previstos para impugnar la notificación, como el incidente previsto en el artículo 133 del Código General del Proceso. Asimismo, la jurisprudencia establece que la jurisdicción constitucional no debe anticiparse a decisiones que corresponden al juez natural del proceso ni reemplazar los recursos ordinarios. Se destacó que la protección solicitada buscaba invalidar actuaciones procesales que debieron ser cuestionadas mediante los mecanismos legales correspondientes.

Decisión final

El Tribunal Superior de Bogotá resolvió: - Negar el amparo interpuesto. - Ordenar la notificación expedita de la decisión a las partes. - Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, de conformidad con la normativa vigente. Esta sentencia reafirma la importancia de respetar los procedimientos establecidos para la defensa de derechos en procesos judiciales y delimita el alcance de la acción de tutela como mecanismo subsidiario en el sistema jurídico colombiano. Con esta decisión, se enfatiza la necesidad de seguir los canales ordinarios antes de acudir a medidas constitucionales, garantizando así la seguridad jurídica y el debido proceso para todas las partes involucradas.