La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, mediante providencia fechada el 8 de mayo de 2025, admitió una acción de tutela presentada contra un banco y el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá. La acción fue promovida por una ciudadana que reclama la protección de sus derechos fundamentales y los de su núcleo familiar, en especial los derechos de sus hijos menores, ante un proceso de desalojo que consideran injusto y lesivo.

Antecedentes del caso

La accionante relata que en 2015 inició un trámite para la adquisición de un apartamento mediante una cuota inicial y pagos mensuales. Sin embargo, desconocía que el banco involucrado gestionaba la financiación mediante un contrato de leasing, y no una hipoteca, como inicialmente se le hizo creer. Durante años realizó pagos considerables al banco, creyendo ser propietaria del inmueble, hasta que en 2022 descubrió que en realidad se trataba de un arrendamiento. Este hecho ha generado un fuerte impacto emocional y familiar, agravado por la presión y acoso que atribuye al banco, afectando la estabilidad y salud mental de la familia, especialmente de los menores involucrados. Además, el proceso judicial en curso para el desalojo ha tensado la relación familiar y ha puesto en riesgo su derecho a una vivienda digna.

Derechos fundamentales invocados

La acción de tutela solicita la protección inmediata de diversos derechos fundamentales consagrados en la Constitución, entre ellos: - Derecho a la dignidad humana (artículo 1) - Derecho a la vida digna (artículo 11) - Derecho a una vivienda digna (artículo 51) - Derecho de los niños a no ser separados de su familia (artículo 44) - Derecho al debido proceso (artículo 29)

Decisiones y medidas ordenadas

El Tribunal Superior vinculó a las partes e intervinientes en el proceso judicial relacionado, y ordenó que el juzgado notificara por el medio más idóneo a todos los interesados. Además, concedió un término de un día para que los accionados y vinculados se pronuncien sobre los hechos que motivan la acción constitucional. También se dispuso la publicación de un aviso en la página web de la Rama Judicial para informar a terceros con intereses en el proceso. Finalmente, se ordenó que el despacho judicial proceda conforme a derecho una vez cumplidos estos requisitos.

Implicaciones jurídicas y sociales

Este caso pone en relieve la importancia de la claridad y transparencia en los contratos de financiamiento y arrendamiento de vivienda, así como la necesidad de proteger los derechos fundamentales de las familias en procesos judiciales relacionados con la vivienda. La decisión de admitir la tutela implica que el juez deberá valorar la situación particular y garantizar medidas que eviten la vulneración de derechos mientras se resuelve el conflicto. El proceso sigue en curso, y las partes involucradas tendrán oportunidad de presentar sus argumentos antes de que se tome una decisión definitiva sobre la protección de los derechos fundamentales en este caso, asegurando así un equilibrio justo entre las partes y la preservación de los derechos fundamentales de la familia afectada.