El Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, mediante providencia del 16 de mayo de 2025, admitió una acción de tutela presentada contra el Juzgado 36 Civil del Circuito de Bogotá. La tutela fue promovida por un ciudadano que denunció la vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso material a la administración de justicia.

Antecedentes del caso

El proceso judicial se originó en 2015 con una demanda para ordenar la división o venta de un inmueble de propiedad común. En enero de 2025, se decretó la venta del inmueble y posteriormente se solicitó la adición de dicho auto, la cual fue resuelta en marzo del mismo año. Sin embargo, el actor interpuso recurso de apelación contra las providencias mencionadas y hasta la fecha el Juzgado no ha resuelto este recurso, pese a que el término legal para hacerlo ha vencido hace tiempo.

Derechos fundamentales afectados

La demora en la resolución ha generado una paralización del proceso que afecta los derechos al debido proceso, especialmente en lo relativo a la contradicción y defensa, y el derecho de acceso efectivo a la administración de justicia, al impedir la revisión en segunda instancia.

Medidas solicitadas

La tutela busca que el Juzgado sea ordenado para resolver de manera inmediata el recurso de apelación pendiente y se prevenga para que garantice la pronta solución del proceso, evitando su paralización. Además, se solicita que se remitan copias del expediente a la autoridad disciplinaria para que, si corresponde, se adopten las medidas correctivas pertinentes.

Procedimiento y notificaciones

El Tribunal ha dispuesto notificar al juzgado accionado por el medio más expedito, concediéndole un día para que responda de forma clara y precisa sobre los hechos expuestos. Asimismo, se notificará a las partes e intervinientes en el proceso para que ejerzan su derecho de contradicción en el mismo término. Un aviso será publicado en el micrositio designado por la Rama Judicial para conocimiento público. Este caso pone de manifiesto la importancia de garantizar la celeridad en los procesos judiciales y la protección efectiva de los derechos fundamentales relacionados con el acceso a la justicia y el debido proceso. La acción de tutela emerge como un mecanismo clave para corregir deficiencias administrativas que afectan la tutela judicial efectiva, fortaleciendo así la confianza en el sistema judicial y promoviendo el respeto por los derechos ciudadanos.